Opinión El Mercurio, 30 de agosto de 2017

Gobierno superior de la Universidad de Chile

Harald Beyer |

Que la Universidad de Chile sea la primera universidad de nuestro país, ratificado por el ranking de Shanghái, es muy positivo, pero no se puede olvidar que aparece solo entre aquellas que se clasifican entre los lugares 300 y 400.

Agradezco los comentarios a mi columna del rector Ennio Vivaldi, el decano Davor Harasic, el vicepresidente del Senado Universitario y presidentas y presidentes de distintos estamentos de la Universidad de Chile. Creo pertinentes algunas observaciones. Partí mi columna valorando el proceso a través del cual se habían originado los estatutos de la Casa de Bello, pero reconocí que las definiciones tomadas en el proyecto de universidades estatales contradicen los criterios adoptados por la primera universidad del país en la conformación de sus órganos superiores. Ante este hecho, parece oportuno revisar cuál de las visiones se acerca más a las realidades que se observan en las mejores universidades estatales del mundo. Sobre todo, porque uno esperaría que no fuese la apelación a un proceso anterior, por muy valioso que haya sido, el argumento principal para defender el statu quo en lo que se refiere al gobierno superior de la Universidad de Chile. Esta debe ser un espacio de reflexión continuo sobre estos asuntos.

En este sentido, hice notar que en lo referido a la conformación de los gobiernos superiores los lineamientos del proyecto de universidades estatales, sin perjuicio de que pueden ser mejorados, están en línea con la experiencia comparada de buenas universidades estatales, como las de Heidelberg, California o Toronto. Dicho proyecto, entre otros aspectos, busca que el gobierno superior de las instituciones estatales, el cual es clave en su posicionamiento de largo plazo, tenga un carácter mixto y específicamente cuente con una mayoría externa a las casas de estudio, diluyendo a través de esta vía intereses particulares.

En cambio, el de la Universidad de Chile está lejos de esa realidad, pues es conformado principalmente por los decanos de las distintas facultades, quienes obviamente participan y toman partido en las elecciones de rector. Los eventuales conflictos de interés son evidentes. Las diferencias respecto de la experiencia comparada no son discutidas por mis contradictores. A lo más, hacen un pequeño alcance sobre el nombramiento del rector de la Universidad de Sao Paulo, desconociendo que en el pasado se ha elegido a académicos que no han ocupado la primera mayoría y sin mayores consecuencias. Con todo, no es ese el punto central de mi argumento. Este apunta a que la institución brasileña tiene una densidad y organizaciones institucionales que minimizan potenciales conflictos de interés entre la autoridad universitaria y las distintas facultades y permiten darle una orientación de largo plazo a la gestión universitaria que la acerca mucho más a la realidad de universidades estatales líderes en el mundo.

En teoría, uno de los rasgos distintivos de las universidades estatales es que no están determinadas por intereses o visiones particulares. Pero esto es difícil de resguardar cuando el rector debe mantener el apoyo político al interior de la institución, el que no siempre coincide con los objetivos deseables de largo plazo para ella. En suma, lo importante es la autonomía de la universidad, no de sus autoridades.

Que la Universidad de Chile sea la primera universidad de nuestro país, ratificado por el ranking de Shanghái, es muy positivo, pero no se puede olvidar que aparece solo entre aquellas que se clasifican entre los lugares 300 y 400. Son muchos los factores que le ayudarían a estar entre las primeras 200, un objetivo de mediano plazo razonable, y entre estos un gobierno superior de otras características, a juzgar por la experiencia comparada, parece ser un ingrediente fundamental.

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