Opinión Red de diarios regionales Domingo 19 de mayo de 2019

Fragmentación e incoherencia de la política indígena

Andrés Hernando | Isabel Aninat S. |
Foto: muniarica.cl

La política pública en Chile en materia indígena es, por esencia, multisectorial. La evidencia es que ha encarnado todos los peligros de la multisectorialidad: dispersión, fragmentación, incoherencia y ausencia de una estrategia general.

En los últimos 30 años se han desarrollado esfuerzos para generar una oferta de política pública para los problemas que afectan a los pueblos indígenas. Sin embargo, la evaluación de esta oferta no es muy auspiciosa: sus éxitos, en general, han sido limitados.

En parte, ello se debe a la fragmentación e incoherencia de la política pública indígena. En un artículo publicado en la revista Estudios Públicos recopilamos y sistematizamos información sobre los programas públicos creados con foco en los pueblos indígenas. Este esfuerzo implicó contactar a más de 300 reparticiones públicas para construir un catastro de iniciativas, su presupuesto, cobertura, estrategia de intervención y coordinaciones con otros programas.

Actualmente, 18 ministerios y 58 servicios implementan iniciativas para personas o comunidades indígenas. En parte por esto, existe una amplia dispersión de oferta en áreas importantes como el fomento productivo, con multitud de instituciones ejecutoras. Más aún, se observa una notable descoordinación entre programas. Existen algunas instancias sectoriales acotadas pero Conadi no logra establecerse como un ente articulador transversal entre todos los organismos lo que se refleja en intervenciones replicadas o redundantes y en otras que debieran complementarse y no reportan coordinación alguna entre ellas.

Existe una oportunidad para innovar en la coordinación y rendición de cuentas entre organismos que implementan una misma política social, por ejemplo, generando regularmente informes que contribuyan no solo al diagnóstico sino también al control respecto al avance y los logros de la política, permitiendo a los pueblos indígenas exigir más accountability al Estado.

Esto debe complementarse con instancias de colaboración presupuestaria territoriales, dado que muchos programas se implementan a nivel local, potenciando convenios de programación que permitan alinear servicios que intervienen en una misma política.

A lo anterior deberían agregarse instancias de evaluación holísticas de toda la política y no programas aislados analizando sistémicamente el funcionamiento, logros y debilidades según pueblo y territorio.

La política pública en materia indígena es, por esencia, multisectorial. La evidencia es que en Chile ha encarnado todos los peligros de la multisectorialidad: dispersión, fragmentación, incoherencia y ausencia de una estrategia general. Es el momento de implementar fórmulas que permitan tener, al fin, una política indígena propiamente tal.

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