Opinión El Mercurio Sábado 25 de mayo de 2019

La oportunidad del Ministerio de Pueblos Indígenas

Andrés Hernando | Isabel Aninat S. |
Foto: muniarica.cl

Una de las principales funciones que tendría el Ministerio sería generar e implementar una política indígena coordinada y coherente. Pensar que ese objetivo, muy deseable, puede lograrse solamente por incluirlo en la letra de la ley, es voluntarista.

El Gobierno anunció un nuevo impulso a su política respecto de los pueblos indígenas. Por lo pronto, se ingresarán indicaciones a los proyectos de ley que crean el Ministerio de Pueblos Indígenas y el Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas.

Desde el retorno a la democracia, sucesivos gobiernos han desarrollado esfuerzos para generar una oferta de política pública que resuelva los múltiples problemas que afectan a estos pueblos. Sin embargo, la evaluación de sus resultados no es muy auspiciosa. Se trata de agendas multisectoriales cuyos éxitos, en general, han sido limitados. 

En parte, ello se debe a la fragmentación e incoherencia de la política pública indígena. En un artículo publicado en el número 153 de la revista Estudios Públicos nos abocamos a recopilar y sistematizar información sobre los programas de política pública creados con foco en los pueblos indígenas. En un trabajo que implicó contactar a más de 300 servicios, subsecretarías y otras reparticiones públicas, construimos un catastro de estos programas, su presupuesto, cobertura, estrategia de intervención y coordinaciones con programas del mismo o de otros organismos.

Actualmente, 18 ministerios implementan directamente o vía alguno de sus servicios dependientes (58 en total, incluyendo 29 servicios de salud que implementan el mismo programa) algún programa u otorgan beneficios particulares a personas o comunidades indígenas.

Existe una amplia dispersión de oferta en algunas áreas particularmente importantes, como el fomento productivo o la cultura y educación, con multitud de instituciones que ejecutan programas o entregan acceso prioritario a personas indígenas. Más aún, se observa una notable falta de coordinación general entre iniciativas. En algunos casos existen instancias de coordinación sectoriales acotadas, pero Conadi no logra establecerse como un ente coordinador transversal entre todos los organismos, lo que se refleja en programas replicados o redundantes y en otros que debieran complementarse y no reportan coordinación alguna entre sus intervenciones.

Una de las principales funciones que tendría el Ministerio de Pueblos sería generar e implementar una política indígena coordinada y coherente. Pensar que ese objetivo, muy deseable, puede lograrse solamente por incluirlo en la letra de la ley, es voluntarista. La descoordinación actual de la oferta programática fue generada bajo la supervisión de Conadi y de Desarrollo Social, instituciones que también tienen un mandato coordinador.

La creación de un Ministerio de Pueblos es una oportunidad para innovar en la coordinación y la rendición de cuentas entre distintos organismos que implementan una misma política social. Por ejemplo, el Banco Integrado de Programas Sociales de Desarrollo Social podría extenderse para incorporar los programas no sociales que también son parte de la política indígena (como los del Indap). Esto permitiría generar regularmente informes que contribuyan no solo al diagnóstico, sino también al control respecto del avance y los logros de la política, motivando la colaboración entre instituciones y permitiendo a los pueblos indígenas exigir más accountability al Estado.

Esto puede complementarse con instancias de colaboración presupuestaria territoriales, dado que muchos programas se implementan a nivel local, potenciando los convenios de programación que permiten alinear a distintos servicios públicos que intervienen en una misma política.

Deben crearse instancias de evaluación que incluyan miradas globales ya sea sobre una institución que ejecuta varios programas o sobre una política compuesta de una serie de iniciativas ejecutadas por más de una institución. En vez de seguir mirando aisladamente programas, es necesario crear análisis sistémicos de funcionamiento, logros y debilidades.

La política pública en materia indígena es, por esencia, multisectorial. La evidencia es que su implementación en Chile ha encarnado todos los peligros de la multisectorialidad: dispersión, fragmentación, incoherencia y ausencia de una estrategia general. Crear un Ministerio es una oportunidad para innovar con fórmulas que permitan tener, al fin, una política indígena propiamente tal.

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