Opinión La Tercera, 7 de junio de 2015

Credibilidad y desconfianza: impuestos externos

Leonidas Montes |

La última encuesta CEP de abril fue un balde agua fría para el gobierno. Y la simple constatación de una realidad para los que hace tiempo venimos alertando sobre el espurio diagnóstico de los mecánicos de la retroexcavadora. Hubo varios récords. Al final del gobierno de Piñera, un 47% creía que Chile estaba progresando, un 44% que estaba estancado y sólo un 7% que iba en decadencia. En la última encuesta CEP sólo un 16% piensa que Chile está progresando, un 62% que está estancado y un 21% que va en decadencia. Este pesimismo respecto del rumbo del país, nunca visto desde que inició esta pregunta el año 2000, es preocupante. El último Imacec de abril, con un magro 1,7%, corrobora la pesimista percepción ciudadana. En general, la reprobación al gobierno de Bachelet es drástica. Peor aún, un 65% de los chilenos piensa que las reformas impulsadas por el gobierno han sido improvisadas. Y un 64% no cree que serán eficaces para alcanzar los objetivos que persiguen. Rompiendo el umbral psicológico del 30%, sólo un 29% aprobaba el gobierno de Bachelet. Y después de un breve veranito de San Juan, gatillado por el discurso del 21 de mayo, la última encuesta Adimark volvió a mostrar esos bajos niveles de aprobación.

La mayoría de los chilenos piensa que Bachelet fue elegida Presidenta por “la confianza de ella como persona”. Pero su mayor fortaleza fue duramente golpeada. En la última encuesta CEP, un 66% siente a Bachelet “lejana”, a un 62% “no le da confianza” y un abrumador 72% piensa que “el actual gobierno ha actuado con debilidad”. Lo sorprendente es que esta pérdida de atributos ahora se manifiesta mucho más claramente en los grupos socioeconómicos más bajos. Por ejemplo, en el grupo socioeconómico medio la percepción de que Bachelet “no le da confianza” pasó de un 52% en la encuesta de noviembre de 2014 a un 63% en la última encuesta de abril del 2015, o sea, aumentó un 21%. Este cambio es más dramático en los estratos bajos: salta de un 38% a un 59%, un sorprendente aumento del 55%. El pueblo querido está desilusionado.

Voy a contar una anécdota personal. En un breve viaje a Chile en marzo, le consulté a un taxista qué opinaba del caso Caval. Me contestó que había votado por Bachelet, agregando: “Pero uno puede ser ignorante, pero no huevón. No le creo a la Presidenta cuando dijo que se enteró por la prensa”. Este simple y comprensible juicio permeó en la opinión pública. El ascendiente de Bachelet construido sobre la confianza que generaba su persona se desmoronó. La credibilidad es clave. Y ahora, en medio del debate de las precampañas, se repite la historia. La Presidenta se ha puesto un angelical velo de la ignorancia y el gobierno parece decidido a seguir camuflando una realidad a todas luces evidente. La intención de protegerla ocultando la realidad es inexplicable. En cambio, Isabel Allende usó la sencilla máxima política de Aristóteles de hacer lo prudente y lo oportuno. Simplemente, dijo la verdad.

Si la desconfianza y el pesimismo alcanzan niveles inauditos, hay buenas razones para esta decepción.

Después del colosal esfuerzo por redactar el Informe Engel, llamó a un “proceso constituyente”, opacando el noble objetivo de la comisión y el trabajo de sus 16 miembros. Y en vez de hablar del posible tráfico de influencias que involucró a su hijo, arremetió contra la “especulación inmobiliaria”. Enseguida, en una entrevista televisiva con Don Francisco, sorpresiva e inesperadamente anunció que le había pedido la renuncia a todo su gabinete. Se fijó un plazo. No lo cumplió.

Peñailillo, su hijo político, fue reemplazado por Burgos, un político de trayectoria y moral intachables. Y Arenas por Valdés, un economista con una destacada trayectoria académica, pública y profesional. Ambos ministros tienen un gran desafío republicano. Es tarea de Burgos recuperar la integridad y credibilidad de la política. Y es tarea de Valdés recuperar la confianza en la economía. Por de pronto, el SII vive una crisis. Las declaraciones de Jorratt fueron gravísimas. Un organismo esencialmente técnico fue víctima de esa peligrosa visión de la primacía política, donde los organismos públicos pasan a convertirse en instrumentos del poder de turno. Basta mirar al otro lado de la cordillera para comprender lo que estuvo en riesgo. La lección y moraleja de este episodio es que la autonomía del SII no garantiza su independencia.

Las filtraciones en instituciones tan fundamentales como la Fiscalía del Ministerio Público o el SII son simplemente inaceptables. Con la justicia no se juega. Y con los impuestos, tampoco. Por ejemplo, se aprobó una ley que permitiría regularizar recursos que se encuentran en el extranjero. Es una iniciativa que varios países han implementado con éxito. Permitirá recaudar más. Incluso, podría aumentar la inversión. Y aunque existe incertidumbre respecto a cómo hacerlo -todo esto se puede corregir-, también existe la incertidumbre de las filtraciones. La obligación de reserva y confidencialidad que había caracterizado a nuestro ejemplar SII ha sido vulnerada.

Es fundamental recuperar la credibilidad y dignidad del SII. Su autonomía ya no es suficiente. Llegó la hora de pensar seriamente en su independencia. El modelo Banco Central ha funcionado bien. ¿Por qué el SII y quizá también la nueva Comisión de Valores y el Sernac no pueden ser también independientes? Además, en todas estas instituciones se podría evaluar la conveniencia de un Consejo. Los órganos colegiados evitan las responsabilidades unipersonales y permiten una sana deliberación. Bien sabemos que la almohada no siempre es buena consejera.

En fin, recuperar el prestigio del Servicio de Impuestos Internos es un desafío y una oportunidad para nuestro flamante ministro de Hacienda.

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