Opinión El Mercurio, 2/7/2011

Cuidado con la igualdad

Lucas Sierra I. |

Sopla en el viento un justo reclamo por igualdad . Las parejas del mismo sexo piden la posibilidad de que el Estado formalice su voluntad de compartir su vida, tal como formaliza la misma voluntad que manifiestan las parejas de distinto sexo. Es justo corregir esta desigualdad.

Quienes se oponen a este reclamo arguyen que la justificación básica, "natural", para reservar el matrimonio a las parejas de distinto sexo es la procreación. Sin embargo, el Estado no les pregunta a los novios si son estériles ni le importa que sean viejos o que, siendo jóvenes y fértiles, hayan decidido no tener hijos. Los casa igual.

Si fueran consecuentes, quienes vinculan así matrimonio y procreación deberían estar cuestionando el matrimonio de los estériles, de los viejos o de los que no quieren hijos. Hasta donde sé, no se ha oído palabra en tal sentido. Sólo se oponen a que las parejas del mismo sexo se casen por el civil, no obstante estar, bajo esta perspectiva, en idéntica situación que una pareja heterosexual estéril. ¿Por qué la desigualdad?

El reclamo que busca corregirla convive hoy con otro que opera en sentido inverso, pues lo que trata de corregir es una igualdad incorrecta. Tiene que ver con la relación entre el Estado y las universidades.

La profunda reforma a la educación universitaria a principios de los años 80 permitió la libre creación de universidades. Sin embargo, la ley impuso una exigencia curiosa: "Podrán crearse universidades, las que deberán constituirse como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro". Es curiosa, porque la prohibición del lucro en la educación afecta sólo a las universidades. No se prohíbe en la educación parvularia, básica ni media. Tampoco en la técnico-profesional. ¿Por qué sólo en la universitaria?

Como siempre pasa, una regulación con poco sentido incentiva la forma de esquivarla. Y así ha ocurrido con varias universidades que, mediante tinglados, lucran en torno a la educación que imparten. Típicamente, tienen empresas relacionadas que le arriendan los terrenos en que la universidad se instala y le prestan toda suerte de servicios. El tinglado permite extraer los ingresos y suele rentar bien, apoyado en la seguridad que da un flujo de matrículas y mensualidades pagadas con créditos avalados por el Estado.

¿Ilicitud? No pareciera. Todo el tinglado está armado conforme a la ley, y aunque las universidades no tributan los ingresos, las empresas relacionadas sí lo hacen. Asimismo, pensar que en la educación no debe haber lucro parece una beatería poco justificable. Históricamente lo ha habido, y hay actividades y servicios tanto o más importantes que la educación -como los alimentos, por ejemplo- en las que el lucro ni siquiera es cuestión. ¿Cuál es, entonces, el problema?

El problema es que la ley introduce una apariencia de igualdad donde hay, y debe haber, desigualdad. La apariencia confunde al público, al que se le hace más difícil evaluar la calidad y carácter de las universidades.

La experiencia enseña que la educación suele ser mejor cuando no se organiza como negocio; es decir, cuando los ingresos se reinvierten en el mismo proceso educativo y no se retiran como renta. Esto no significa que necesariamente sea así ni que deba prohibirse la educación como negocio. Sólo significa que la ley debe tratar que la desigualdad entre las distintas universidades sea lo más evidente posible.

De esa manera el público tendrá la posibilidad de formarse un juicio más acabado, distinguiendo con mayor claridad entre las que reinvierten sus ingresos y las que hoy los ordeñan desde empresas relacionadas.

Cuidado, entonces, con la igualdad. Bien para el matrimonio, mal para la universidad.

La ley debe tratar que la desigualdad entre las distintas universidades sea lo más evidente posible.

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