Opinión OPINIÓN / La Tercera Viernes 27 de diciembre de 2019

La forma como víctima

Lucas Sierra I. |
Foto: William Rojas

Solo las instituciones y el respeto de su forma ayudarán a reducir la incertidumbre al mínimo tolerable. La reforma constitucional que habilita el plebiscito ayuda.

Pensar en los desafíos políticos e institucionales del año 2020 es como pararse frente a un abismo. Basta mirar el calendario electoral: plebiscito, eventuales primarias para alcaldes y gobernadores regionales, elecciones municipales y de gobernadores, más la de constituyentes si gana “apruebo” en el plebiscito.

Hay incertidumbre, qué duda cabe. Y harta. No solo por la intensidad electoral y por el hecho de que dos elecciones -gobernadores y constituyentes- son inéditas, sino, también, porque el “apruebo” en abril abrirá la discusión constitucional de fondo. Mientras ésta dure, el sistema jurídico quedará medio suspendido, entre paréntesis.

Solo las instituciones y el respeto de su forma ayudarán a reducir la incertidumbre al mínimo tolerable. La reforma constitucional que habilita el plebiscito ayuda. Su detalle combina bien dos cosas: la posibilidad de una nueva Constitución redactada por un ente también nuevo, por una parte, y, por la otra, el hecho de que esto ocurra en ausencia de un quiebre o golpe de Estado, por lo que hay un hilo institucional que no se ha cortado y que, por lo mismo, hay que conservar.

Algunos casos recientes, sin embargo, sugieren una dosis de escepticismo. Y de cuidado.

Uno es el entusiasmo en el Congreso por subir el gasto fiscal en, por ejemplo, salario mínimo y pensiones, ignorando la regla que desde hace casi 80 años entrega la iniciativa exclusiva en esta materia a la Presidencia.

Otro caso es la reciente consulta municipal. Puro voluntarismo. No importaron los problemas con el padrón electoral, con la votación electrónica, ni el más importante de todos: preguntas a los vecinos completamente fuera de la competencia de los municipios como, por ejemplo, la cuestión constitucional o el IVA. La ley exige que las consultas municipales sirvan para orientar la administración comunal. ¿Puede orientarla el resultado favorable a una nueva Constitución o a una rebaja del IVA? Obviamente no, pues los municipios no tienen competencia alguna sobre las reglas constitucionales ni las legales que imponen el IVA. Los municipios se convirtieron en encuestadoras: preguntaron algo sin consecuencias institucionales. ¿Algún problema? Dos, al menos: sus resultados carecen de validez metodológica y, más grave, fueron pagados con fondos públicos.

Tercer caso. Hace una semana se publicó la Ley de Reajuste del Sector Público. En medio de reajustes y aguinaldos, hay una norma sorprendente: una modificación de la ley orgánica de la Contraloría que deroga la subrogación que le corresponde al Subcontralor en caso de ausencia temporal o accidental del Contralor. Ahora éste será subrogado por un jefe de departamento en el orden que el propio Contralor determine.

Es inevitable recordar aquí la tensa relación que el actual Contralor ha tenido con la Subcontralora. La ley la ha zanjado a favor del primero. No habría de qué preocuparse si no fuera por un par de detalles. ¿Por qué en una ley de reajuste del sector público y no en una discusión integral de la ley de la Contraloría, a todas luces necesaria? Además, la ley de la Contraloría es orgánica constitucional, por lo que esta modificación necesitaba 4/7 de los parlamentarios y control por el TC. Pero fue aprobada como ley simple y, por lo mismo, no pasó por el TC. Pasó colada, como de contrabando.

En fin. Estos casos muestran que la forma institucional también ha sido una víctima en estos meses turbulentos. ¿Sin perdón ni olvido? Perdón quizás, pero olvido jamás. No en 2020. Y menos en 2021.

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