Opinión La Tercera, 4 de octubre de 2014

Mejorar en vez de prohibir

Lucas Sierra I. |

Las elecciones son fundamentales para la democracia. Y las campañas son fundamentales para las elecciones. ¿Quién las paga? Hasta el 2003, en Chile las campañas eran financiadas de modo privado. Mediante una franja de TV, de cargo de los canales, y por transferencias hechas a las candidaturas en la más completa informalidad.

En 2003 se dictó la Ley 19.884, con un sistema mixto de financiamiento fiscal, a través de un subsidio por voto obtenido. Y privado, mediante la mencionada franja de TV, más tres tipos de aportes: anónimos, reservados y públicos.

Fue un avance institucional para la democracia. Junto con introducir financiamiento fiscal -un piso básico de igualdad en la competencia electoral-, formalizó, es decir, sujetó a reglas el aporte de los privados. Un esquema mixto es valioso. Si sólo es privado, falta la igualdad básica del subsidio fiscal. Si es sólo fiscal, se reduce la competencia, porque un parlamentario que va a la reelección suele correr con ventaja: es conocido gracias a su cargo.

Si el financiamiento de las campañas es sólo fiscal, entonces la ventaja del incumbente se exacerba. Este es un riesgo para la competencia política. Para reducir el riesgo, por la vía de reducir la ventaja de los incumbentes, hay que permitir e incentivar los aportes privados.

Los aportes reservados son una buena vía para hacerlo. Si el mecanismo de la reserva opera bien, el candidato no tiene certeza del hecho del aporte. Al no tener certeza, se reduce la posibilidad de que se produzcan los dos males asociados al financiamiento de las campañas: la corrupción y la extorsión. La primera es la compra de una decisión futura (te doy para que me favorezcas). La segunda es la concreción de una amenaza (si no me das te perjudico). Estos intercambios indeseables se realizan sobre la certeza de que el aporte se haya hecho o no. Se dificultan si hay incertidumbre. Por esto el secreto del voto terminó con el cohecho: ya no hay certeza sobre la preferencia del votante.

El mecanismo de la reserva genera incertidumbre mediante un procedimiento de dos pasos. Primero, el aportante transfiere una suma a la cuenta del Servel. Luego, el aportante va al Servel, donde puede retirar la suma o destinarla a una candidatura. Si la destina, el organismo la transferirá durante la campaña en fracciones aleatorias, mezcladas con fracciones aleatorias de otros aportes destinados a esa candidatura.

Como se comprenderá, mejor funciona la reserva mientras más aportes se le destinen a un candidato. Aquí está el desafío. Hoy los aportes reservados están sólo a disposición de personas jurídicas con fines de lucro. Es muy reducido. Hay que extenderlos a las personas naturales (incentivándolas con un esquema de “matching funds”: por cada peso que pone una persona natural, el Fisco pone algo), a las personas jurídicas sin fines de lucro y a los sindicatos. Todo bajo el principio de que muchas donaciones chicas son mejores que pocas grandes. Y potenciando, además, la capacidad fiscalizadora del Servel.

¿Para qué insistir con la reserva y no hacer, simplemente, todas las donaciones públicas? Porque, además de generar certeza sobre el aporte, la publicidad total reduce los incentivos a donar, tal como la publicidad del voto reduciría los incentivos a votar. Es comprensible que una persona no quiera verse en la necesidad de explicar por qué le dio a tal candidato y no a otro. O por qué les dio a ambos o a ninguno. Ante la expectativa de este escrutinio, es probable que muchos se abstengan. Y esto no es bueno, porque el financiamiento mixto, fiscal y privado es valioso.

Los aportes reservados permiten combinar el papel liberador del secreto y el incentivo a donar que aumenta la competencia, evitando las indeseables corrupción y extorsión. Antes de prohibirlos, entonces, a mejorarlos.