Opinión El Mercurio, 2 de junio de 2012

Mixto

Lucas Sierra I. |

¿Cómo regular las relaciones entre el dinero y la política? Ésta es una pregunta tan difícil como inevitable en cualquier democracia.

En Chile, como en otras democracias, la política se relaciona con platas provenientes de dos fuentes: estatal y privada. Las estatales la financian de varias maneras. Está muy bien que así sea, porque de la política se esperan los bienes públicos más fundamentales.

Así, el Estado financia el proceso mediante el cual los actores de la política dictan las leyes. Además de financiar todo el aparataje de gobierno que se involucra en el proceso legislativo, el Estado financia el Congreso, entre otras cosas, manteniendo a los parlamentarios. De nuevo, esto está muy bien: que la de parlamentario sea una función pública remunerada aumenta la igualdad de oportunidades en la competencia política.

A partir de una reforma hecha hace casi 10 años, el Estado financia la política de una nueva manera: subsidiando los gastos de las campañas electorales. Este subsidio tiene un efecto parecido a la dieta parlamentaria sobre la competencia política, pues nivela un poco más la cancha entre candidatos ricos y pobres.

Hasta esa reforma, las campañas en Chile se financiaban en medio de una nebulosa. De formas directas e indirectas, platas fiscales y privadas confluían a las campañas. Era un hecho silencioso, pero ampliamente sabido. Gracias a la reforma, este hecho se hizo explícito y fue regulado. Además de establecerse el subsidio fiscal, se formalizó la donación de los privados a las campañas. Ya no es la misma nebulosa de antes.

Así como se justifica cierto financiamiento fiscal de la política, también se justifica el privado. Es buena esta mezcla, porque mantiene a la política en medio de dos extremos: dependencia del Estado o de los privados. Si depende de los privados, disminuye la posibilidad de que la política mire el interés general. Si sólo del Estado, la política es cooptada por el poder establecido, perdiendo la capacidad crítica que otorga una cierta distancia de él.

Hoy hay un paso pendiente en Chile: el financiamiento mixto de los partidos políticos. Los partidos se financian básicamente con platas privadas. Esto los deja expuestos a un riesgo excesivo de ser capturados por financistas. Tal como ocurre con las campañas electorales, este riesgo se puede reducir mediante una cierta cantidad aportada por el Estado.

No se trata de dar a los partidos un subsidio a todo evento, como un flujo estable para ellos. Tal como en el financiamiento fiscal de las campañas electorales, donde se subsidia por voto obtenido, el subsidio a los partidos debe ser a cambio de su actividad y esfuerzo. Por ejemplo, se les da una cierta cantidad por cada nuevo militante, o para financiar la formación de candidatos o de futuros actores políticos. No se trata de grandes cantidades, sino sólo de la suficiente para apoyar el esfuerzo privado que sostiene los partidos, y un incentivo para reducir la posibilidad de que alguien se los compre. Como pocas, esta reforma no debería ser acometida mirando las encuestas. En general, éstas muestran que las personas no están a favor de financiar los partidos con platas estatales. Esta opinión, quizás, podría explicarse dados los beneficios del buen gobierno, al que ayudan los partidos, se dan por sentados y suelen ser valorados sólo cuando desaparecen. Además, si la ciudadanía estuviera bien informada de que no se trata de un subsidio a todo evento, sino contra determinadas prestaciones de los partidos, la opinión probablemente sería más favorable a un cierto financiamiento fiscal. Chile viene haciendo hace una década un correcto esfuerzo por regular las delicadas e inevitables relaciones entre dinero y política. El primer paso fueron las campañas electorales, donde se avanzó hacia un balance mezclando platas fiscales y privadas. Ahora es el turno de los partidos.