Opinión La Tercera Miércoles 3 de julio de 2019

Reformas institucionales

Lucas Sierra I. |
Foto: Senado.cl

Es interesante el anuncio del gobierno de reformas del diseño del Estado. En todas hay mejoras por hacer. Esto no significa que el Estado esté haciendo agua: el tono apocalíptico en ésta, como en otras materias, es irreal. Pero al Estado hay que mantenerlo y mejorarlo.

Si se atiende a las encuestas, el anuncio no va a prosperar, tampoco si se plebiscita. Pregúntele a las personas y, ocupadas como están en sus asuntos, le contestarán que las autoridades deben dedicarse antes a salud, pensiones, empleo; que a reformas institucionales.

Esto no es raro. La vida es compleja y sus necesidades están más cerca que la pregunta por la arquitectura del Estado. Por esto existe la democracia representativa. Para preocuparse de los impulsos y necesidades de los ciudadanos, y de la estructura en que subsisten como comunidad política.

Es interesante, por tanto, el anuncio del gobierno de reformas del diseño del Estado. Se refieren al Congreso, Judicatura, Contraloría, Consejo de Defensa del Estado, transparencia en la Administración y Ministerio Público. En todas hay mejoras por hacer. Esto no significa que el Estado esté haciendo agua: el tono apocalíptico en ésta, como en otras materias, es irreal. Pero al Estado hay que mantenerlo y mejorarlo, como a cualquier obra expuesta a la carcoma del tiempo.

Iniciados los contactos con la oposición, se oye que la idea es que el asunto se discuta desde el principio en el Congreso. Si es así, habría un cambio en el método para discutir las grandes reformas seguido hasta ahora. Éste ha consistido en comisiones transversales de expertos, asesoras del Presidente. En ellas se acuerdan las bases, que son traducidas en un proyecto que el Presidente manda al Congreso.

¿Ha sido positivo este método? En parte sí, en parte no. Sí, porque ha servido para convocar saber experto que, al estar vinculado a distintos sectores políticos, genera un piso de acuerdo “prelegislativo”. No, porque este método refleja un déficit institucional. Las materias discutidas por esas comisiones estaban en el núcleo de la competencia legislativa del gobierno y Congreso. ¿Por qué, entonces, no fueron llevadas directamente a dicho foro democrático? Además, las comisiones han sido asesoras del Presidente, lo que otra vez desequilibra la relación en desmedro del Congreso.

Es una buena noticia, por tanto, que la discusión se vaya derecho al Congreso. Pero el gobierno debe trabajar más. Tiene que expresar bien qué quiere hacer con cada reforma y por qué. No basta con pedirles a los partidos sus opiniones sobre cuestiones generales, como ha sido hasta ahora, para luego pensar algo. Debe empezar por fijar posiciones, para ordenar la discusión y hacerla productiva.

Un ejemplo de cómo no proceder lo dio el propio Presidente en su cuenta pública, al sacar del sombrero la propuesta de reducir el número de parlamentarios, sin más. Sin decir bien por qué, que el número actual se acaba de reformar después de mucho trabajo, ni nada del sistema electoral. Esa actitud podría esperarse de un alcalde pegado a Twitter y Facebook para ver qué hacer con los fondos comunales. Pero no del exponente nacional de la democracia representativa.

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