Opinión Diario Financiero Domingo 31 de julio de 2022

Más información, mejores decisiones

Gabriel Ugarte |

Con este estudio buscamos aportar a la responsabilidad y sostenibilidad fiscal, sabiendo que se requieren finanzas públicas sanas, con niveles de endeudamiento moderados, para poder hacer las transformaciones que el país necesita.

Quedan cinco semanas para el plebiscito del 4 de septiembre en el que los chilenos deberemos votar apruebo o rechazo a la propuesta de Nueva Constitución. Son varios los materiales que circulan por las redes sociales explicando las reformas y cambios que se proponen con el fin de acercar su contenido a la ciudadanía. Todos estos esfuerzos son bienvenidos por cuanto permiten un voto informado. Sin embargo, a la información disponible a la fecha, han faltado datos respecto de cuánto costaría hacerse cargo de las propuestas.

Hace más de cuatro meses, un grupo de seis economistas (Andrea Bentancor, Guillermo Larraín, Claudia Martínez, Rodrigo Valdés, Rodrigo Vergara y Gabriel Ugarte) de distintas instituciones nos propusimos estimar el costo fiscal de la propuesta de Nueva Constitución. En el grupo existen distintas visiones políticas, pero la misma inquietud y objetivo común: proporcionar información de utilidad, tanto para aquellos ciudadanos que requieren de más información para decidir su voto, como para los tomadores de decisión del sistema político, que deberán guiar el proceso constitucional, sea cual fuere el resultado del plebiscito.

Para ello, identificamos más de 150 artículos que gatillan costos fiscales, los que se agruparon en 29 temas diferentes. La metodología fue específica para cada elemento costeado. En general, se realizó a través de la identificación de un costo unitario y la cantidad de un servicio o producto requerido para satisfacer lo indicado por la propuesta constitucional, y en los casos que no fue posible, se generó un estándar de gasto en base a la comparación con otros países relevantes.

Se requieren entre 25 mil y 40 millones de dólares

Debido a que el cálculo se basa en una serie de supuestos e interpretaciones del articulado, se optó por estimar el costo de dos escenarios, siendo uno de ellos más conservador que el otro, pero asegurando que en ambos se cumpla lo establecido por la propuesta de Nueva Constitución. El mayor costo total anual estimado fluctúa entre 8,9% y 14,2% del producto interno bruto (PIB), o entre 25 mil y 40 mil millones de dólares. Estas cifras incluyen tanto costos permanentes, como por ejemplo el aumento de la Pensión Garantizada Universal, como aquellos que se realizan una sola vez, como es el caso de la construcción de viviendas para suplir el déficit habitacional actual, los que se asumen se dividen en 10 años.

Para poner estas cifras en perspectiva, el gasto proyectado del gobierno para el 2022 es de un 23,4% del PIB. El mayor costo fiscal correspondería entre un 38% y un 60% adicional al total del gasto fiscal del país este año.

Foco en aumento en protección social

Al agrupar las distintas temáticas costeadas según la clasificación funcional del gasto, se observa que, de cada diez pesos de mayor costo, aproximadamente cinco corresponden a temáticas de protección social, dos pesos a salud y uno a educación. Dentro de protección social se incluyen varios derechos fundamentales, donde destacan, en orden de magnitud de costo, el derecho a la seguridad social, el derecho a la vivienda, el derecho al cuidado y al reconocimiento del trabajo de cuidados, y el derecho a las tierras, territorios y recursos. En total, el costo fiscal en temas de protección social fluctúa entre 4,5% y 7,3% del PIB.

Pildorita

El detalle de cada una de las temáticas costeadas se encuentra disponible en el informe del estudio que fue publicado el jueves. Solo a modo de ejemplo, uno de los 29 aspectos analizados fue el de participación ciudadana y elecciones, que cubre en gran medida el capítulo cuarto de participación democrática de la propuesta de Nueva Constitución. Se costeó un aumento de participación ciudadana a nivel comunal, regional y nacional a través de consultas ciudadanas, plebiscitos, instancias de participación territoriales y la administración de sistemas digitales de participación. Junto con ello, también asumimos una mayor participación electoral con el consiguiente mayor gasto en el reembolso a candidatos electorales, y dadas todas estas propuestas, se estimó necesario un fortalecimiento del presupuesto del Servicio Electoral. Todo lo anterior nos da un mayor costo fiscal por participación ciudadana y elecciones de entre 0,03% y 0,05% del PIB.

Esperamos que la información que disponibiliza este estudio sea de utilidad para los tomadores de decisión. Con ella es posible tener un panorama de lo que propone la Nueva Constitución, identificando los elementos más costosos, de manera de ayudar en decisiones respecto de la priorización, gradualidad y eventualmente, postergación de las reformas propuestas. Con este estudio buscamos aportar a la responsabilidad y sostenibilidad fiscal, sabiendo que se requieren finanzas públicas sanas, con niveles de endeudamiento moderados, para poder hacer las transformaciones que el país necesita.

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