Opinión El Mercurio, 17/1/2011

Mejoras a un proyecto de ley clave para la educación

Harald Beyer |

Alejandra Mizala
CIAE, Universidad de Chile

Harald Beyer
Centro de Estudios Públicos

Cristián Cox
CEPPE, Universidad Católica

No hay un tema donde coincidan más la visión experta y el sentido común que en el de las capacidades docentes y la calidad de un sistema educativo: cualesquiera sean su ordenamiento institucional y los recursos que emplee, su calidad no podrá ser mejor que sus profesores. Esta noción cobró relevancia mundial cuando Michael Barber publicó, a través de la consultora McKinsey y la revista The Economist, cuáles eran las características distintivas de los diez mejores sistemas escolares del mundo: todos tenían estructuras de selección, preparación y apoyo de sus docentes, de gran nivel.

En la última década, la institucionalidad de la formación de profesores del país experimentó un crecimiento más acelerado que el de la educación superior en su conjunto, incrementando su matrícula de poco más de treinta mil alumnos en el año 2000 a más de cien mil en la actualidad; mientras que la oferta de carreras en pedagogía aumentó de 249 programas en el año 2000 a 738 en 2008. Esta expansión radical no se relaciona con los requerimientos del sistema escolar, que ha comenzado a disminuir su matrícula producto de cambios demográficos. Todo indica, además, que esa expansión ha ocurrido en programas de baja exigencia, tanto en términos de reclutamiento de estudiantes como de la rigurosidad de su formación. Así, en los últimos años no habríamos avanzado sino retrocedido en términos de selección de los mejores talentos para una función tan delicada como estratégica.

En un marco de esfuerzos que se remontan a más de una década, y que tiene sus eslabones más recientes en inversiones del programa Mecesup, la ley de acreditación de carreras y las pruebas Inicia, el proyecto de ley del Ejecutivo "examen de excelencia profesional docente y la asignación de excelencia pedagógica inicial" reviste la mayor importancia. La iniciativa propone un examen de conocimiento disciplinario, que en los hechos es obligatorio, para todo candidato a ser profesor en la educación subvencionada. Los mejores puntajes, esto es el tercio superior, obtienen una subvención de excelencia inicial por tres años que varía entre 50 mil y 150 mil pesos. Esta medida complementa los significativos incentivos establecidos para atraer mejores candidatos a las carreras de educación.

Consideramos que el proyecto es un decisivo avance en la dirección requerida, pero tiene dos limitaciones importantes que merecen ser abordadas en el proceso legislativo en curso: no establece un criterio mínimo de superación del examen y lo restringe sólo al conocimiento de las disciplinas, dejando fuera la capacidad pedagógica de entregar el contenido. Creemos que es conveniente superar ambas restricciones.

Por ello planteamos, en primer lugar, un estándar mínimo a lograr en el examen propuesto, compatible con aquello que el juicio experto estima es la calidad mínima aceptable de quienes se responsabilizarán por dos o más décadas del crecimiento de niños y jóvenes. Quienes no superen esta valla se entenderán reprobados en el examen. Los sostenedores deben tener derecho a acceder a los resultados en este examen de los postulantes a sus establecimientos. Asimismo, la ficha escolar de cada establecimiento debe contemplar el número de docentes aprobados y reprobados en él. La propuesta, entonces, no prohíbe que se contrate a los docentes reprobados, pero establece que debe quedar claro para los sostenedores y las comunidades educativas quiénes son aprobados y reprobados en el examen que propone el proyecto de ley. Esa calificación está basada en un estándar mínimo a lograr en el examen propuesto.

Respecto de la ausencia de una evaluación de la capacidad pedagógica de entregar el contenido, reconocemos las limitaciones involucradas en medirla y que su existencia se prueba con mayor rigurosidad en la sala de clases. Sin embargo, creemos que hay espacio y capacidades nacionales para incorporar aspectos fundamentales de las mismas en el examen. Estos están al centro de lo que intentan enseñar las instituciones formadoras y constituyen el núcleo de la competencia profesional docente. Precisamente para producir aprendizaje es clave la combinación de un saber disciplinario con un conocimiento específico de la tarea de enseñar. En una primera etapa esta parte de la medición podría tener un carácter experimental, de modo de asegurar el valor de la misma.

En otro plano, una tercera medida de largo alcance para el mejoramiento de instituciones y carreras de educación se refiere a su sistema de acreditación, que hoy no considera como criterio su resultado principal: esto es, la calidad de sus egresados. Es de evidente importancia para la mejora del proceso formativo de nuestros profesores vincular la acreditación con los resultados de las instituciones en el examen a sus egresados, de manera que la proporción de ellos que aprueben defina las características de la acreditación.

Creemos que los complementos propuestos al proyecto que se discute en el Congreso no alteran su esencia, pero constituyen apoyos clave para asegurar un proceso más riguroso de selección y formación de los futuros docentes, factor esencial si se quiere impulsar la calidad y equidad en la educación chilena.

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