Opinión La Segunda Lunes 9 de noviembre de 2020

"No hay que considerar el disenso como una patología"

Aldo Mascareño |

Entrevista a nuestro investigador y editor de la revista Estudios Públicos, Aldo Mascareño.

Días antes del plebiscito el sociólogo y editor jefe de la revista Estudios Públicos del CEP, Aldo Mascareño, escribió un pequeño texto («La constitución del disenso», publicado en la web del think tank) en donde apuntaba sobre la complejidad de llegar a acuerdos en el contexto de la próxima discusión constitucional. Los consensos, decía allí, son cada vez más improbables y, en caso de lograr alguno, sus resultados podrían ser inestables y temporalmente limitados.

La clave, agregaba, es dar espacio a los disensos al interior de una sociedad cada vez más compleja. Según dice Mascareño en esta conversación, este escenario se vio reflejado en la votación del plebiscito, ya que el período que se abrió será uno de “diferendos y desplazamientos en el que hay que contribuir a que el sistema democrático corrija ‘las buenas intenciones' y las interpretaciones políticas entusiastas que ya han ido apareciendo en el camino. Buena parte de la tarea constituyente estará no solo en discutir sobre el diseño institucional que queremos, sino también sobre los límites de lo que consideramos democrático”.

—¿Qué crees que representa ese 80% que votó «Apruebo» en el plebiscito? El resultado parece encerrar una complejidad mucho más amplia que la votación del Sí y el No de 1988.

Es interesante la comparación entre esos dos momentos, porque tienen similitudes y diferencias. Entre las similitudes está que se trata de decisiones generacionales, cuyas consecuencias nos acompañarán por décadas; además, en los dos momentos nos despedimos de Pinochet: en 1988 fue un no a la dictadura, y en 2020 ha sido un no a la que, lo queramos o no, seguía siendo “su Constitución”, al menos simbólicamente. Entre las diferencias está que son dos momentos históricos muy distintos.

En relación al 80%, es cierto que su diversidad es mucho mayor que en 1988. Eso tiene la ventaja de que nadie puede apropiarse del triunfo, y tiene la desventaja de que no sabemos quién es quién tras esa cifra. Suponer que tras el 80% hay una unidad de expectativas acerca del futuro de Chile es un error sociológico y también político. En lo único que podríamos coincidir es en un vago “las cosas tienen que cambiar”. Por eso nadie debería sustraerse de intentar dar direccionalidad a ese cambio, porque precisamente en estos momentos críticos es cuando la sociedad está más sensible a que pequeños cambios generen transformaciones de amplio alcance.

—En Chile existe desconfianza hacia las instituciones. Sin embargo, el resultado del plebiscito no sólo reafirma un acuerdo del Congreso, sino que también la capacidad de la institucionalidad política de dar cuenta de la crisis. ¿Qué crees que pasa ahí?

Lo que esto demuestra es que la ciudadanía no está, por principio, en contra de los políticos o de la política. Está más bien en contra del entusiasmo de los políticos consigo mismos y de la indiferencia que eventualmente los aqueja. Pero me parece que esta indiferencia política ha declinado luego de la experiencia cercana a la catástrofe de los días posteriores al 18 de octubre de 2019. Tanto declinó, que el mismo sistema político que criticamos fue capaz de ofrecernos una vía institucional que aprobamos con alta mayoría. Es cierto que se perdieron oportunidades previas de cambio, pero la autocorrección al menos llegó un minuto antes de la medianoche, un momento antes de azotarnos la cabeza contra el suelo.

—¿Cómo crees que se vienen los próximos meses? Uno podría decir que esta elección era la más “fácil” de todas, ya que como se ha dicho era la parte “destituyente” del proceso.

Me parece equívoca la designación de que el plebiscito sea la parte “destituyente” del proceso. Por ahora no hemos “destituido” nada en realidad. Todo nuestro marco institucional sigue vigente. No sólo los próximos meses serán de mucha discusión, sino los próximos años. A la nueva Constitución hay que sumar el nutrido calendario electoral que tenemos. Y luego de ello hay que contar con todos los ajustes institucionales que dispondrá la eventual nueva Constitución. Es decir, no solo serán tiempos políticamente agitados, sino también socialmente móviles, pues los cambios institucionales alteran las relaciones sociales, las expectativas que la gente tiene de esas instituciones y el modo de vincularnos entre nosotros.

—¿Crees que el conflicto al interior de la sociedad chilena ha pasado desde los desacuerdos del eje “derecha-izquierda”, a ser una división por las diferencias en las condiciones materiales de existencia?

Creo que más que diferencias en las condiciones materiales de existencia, es el verticalismo en el ejercicio de la autoridad lo que está en la base, como lo ha explicado Kathya Araujo. Los abusos, la sensación de indefensión frente a discriminaciones y la indiferencia de los sistemas sociales ante pretensiones de inclusión social constituyen el sustrato para presentar el problema bajo la diferencia elite/pueblo. Si bien ese verticalismo de la autoridad es difícil de deconstruir, creo que ha empezado a ceder. La votación por la nueva Constitución es un ejemplo de ello.

“No se requiere ‘consenso mayoritario', sino que la mayoría apruebe”

—En tu artículo hablabas que las “sociedades modernas del siglo XXI deben ser especialistas en la constitución del disenso”. ¿Cómo se puede ofrecer un espacio institucional para el disenso cuando se ha hablado del proceso constituyente como un lugar de búsqueda de consensos?

Mi punto principal no es subvalorar los consensos. Ellos siguen siendo importantes para dar salidas institucionales a crisis sociales, como lo demostró el acuerdo por el plebiscito. Pero eso no nos debe llevar a considerar el disenso como una patología que debe ser remediada por el fármaco del convencimiento.

—Te lo pregunto porque tú has señalado que la esfera política chilena tiene deficiencias en torno a la expresión y apertura al disenso.

Creo que esa deficiencia de la política chilena con la apertura al disenso tiene que ver con asumir que convencer a otros es el único resultado posible de una deliberación. En general, hemos tendido a valorar la deliberación por sus efectos: es buena si concluye en consenso y deficiente si no lo logra. Pero la deliberación tiene valor en sí misma en tanto procedimiento de expresión de diferencias. Cuando solo nos enfocamos en el consenso, atribuimos a quienes disienten una incapacidad de reconocer “la verdad”, lo que los pone en situación de inferioridad. Esto ha pasado a menudo con los jóvenes, los indígenas y los opositores políticos.

—En este contexto, ¿es posible que una multiplicidad de miradas e intereses pueda dar lugar a una Constitución que genere cierto consenso mayoritario?

No se requiere “consenso mayoritario” para aprobar la Constitución. Se requiere que la mayoría la apruebe, y eso es muy distinto a tener un consenso en torno a ella. Nos equivocaríamos profundamente si pensamos, por ejemplo, que el 80% que ahora aprobó redactar una nueva Constitución representara un “consenso mayoritario”. Cuando le damos espacio al disenso, lo que requerimos son coordinaciones pragmáticas entre diferencias; no la bendición civil que supone el consenso. Además, ¿qué es lo que viene después del gran consenso? Ya deberíamos saber: mucha quietud y después un enorme estallido.

—El politólogo Juan Pablo Luna ha dicho que la elite debe sentarse a negociar para dar viabilidad al sistema político, sin embargo, y como lo has señalado, la elite no sabe lidiar con las complejidades del disenso. ¿Cómo ves el ánimo en las elites tras el plebiscito?

Francamente, me cuesta pensar en términos de elite y pueblo. Por ejemplo, no sé si los académicos que usan esta distinción son del pueblo, de la elite, de la elite del pueblo, o si se consideran libres inteligencias flotantes sin adscripción terrenal. En todo caso, un requisito de cualquier elite es que el ánimo no te cambie demasiado.

—Has dicho que sería un error llenar la Constitución de derechos específicos porque sería anclarla en los valores de un momento histórico. ¿Pero cómo hacer posible que una Constitución se conecte con el cambio social?

Lo que creo es que mientras más abstractos sean los principios que rigen una Constitución, más posibilidad tiene esta de incorporar diversidad y más sensible es al cambio social. Mientras más específicos sean esos principios, menor es su apertura al futuro. La Constitución tiene que ser lo suficientemente flexible para ir absorbiendo estos cambios de paisaje social. Eso solo se logra con principios que ofrezcan amplios rangos de libertad en el marco de relaciones democráticas.Uno podría sostener que la creciente fuerza de grupos feministas, de género o étnicos es porque nuestra institucionalidad no logró ser suficientemente sensible a sus exclusiones. Por mucho tiempo estos grupos chocaron con nuestra institucionalidad; la pregunta es ahora cómo abrir espacio a esa diferencia sin que la diferencia de hoy tenga que ser el modelo de la de mañana.

—En tu texto del CEP te referiste al concepto de “inatención civil”, es decir la idea de dejar al otro un espacio de expresión en el cual uno no tenga que estar necesariamente involucrado. ¿Cómo se compatibiliza esto con cierto ambiente actual donde lo políticamente correcto campea en la discusión pública y donde el disenso con ciertos nuevos valores morales, sexuales o políticos, es mal visto?

Inatención civil es un concepto que permite pensar en dirección de la construcción de un modus vivendi, donde el disenso pueda ser tomado seriamente en consideración. La gran ventaja de la distinción consenso/disenso es que reemplaza la diferencia entre consenso y violencia, de modo tal que lo que queda fuera del consenso no sea excluido o negado en su derecho a manifestarse. Las exigencias en este caso son menores que cuando buscamos construir una cohesión identitaria, religiosa o secular general. La primera exigencia es no confundir diferencia con desigualdad. La desigualdad reduce la capacidad de la sociedad de ofrecer alternativas diferentes o contingentes, sobrevalora algunas opciones e invisibiliza otras. La segunda exigencia es temporal. Consiste en apreciar la capacidad de cambio que tiene la democracia. Jacques Derrida la llama “democracia por venir”, es decir, la consideración de que en el próximo paso las cosas pueden ser distintas. La tercera exigencia es social. Consiste en no cerrar los ojos a los riesgos e incertidumbres con que la sociedad, la tecnología y los fenómenos naturales nos interpelan día a día. Hacerse cargo hoy de los riesgos, evita tener que pagar altos costos en el futuro.

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