Opinión La Segunda Miércoles 29 de julio de 2020

Por la vía de los hechos

Juan Luis Ossa S. |
Foto: William Rojas

El derrotero constituyente reclama ser respetado y enmarcarse en la institucionalidad que, nos guste o no, todavía sigue rigiendo en la legislación chilena.

El itinerario constitucional tiene dos grandes grupos de adversarios. Por un lado, están los que sostienen que el país no está preparado para llevar a cabo un plebiscito de entrada ni menos para discutir los detalles de una nueva Constitución. Aquí sobresalen algunas posiciones apocalípticas de derecha que, la verdad sea dicha, han intentado boicotear el Acuerdo desde el minuto mismo en que éste fue firmado por (casi) todas las fuerzas del espectro.

Ya sea porque consideran que su origen es espurio (“resultado de la violencia”, dicen) o porque temen que la soberanía popular se exprese de forma contraria a sus intereses, este conjunto de voces representa una valla más vociferante que concreta a lo estipulado ocho meses atrás. Al final de cuentas, sus declaraciones no tienen fuerza suficiente para entorpecer, vía resquicios legales o políticos, lo que incluso buena parte de su propio sector ha aceptado como un hecho de la causa.   

Por otro lado, tenemos a los que parecen ser los adversarios más poderosos de la futura Convención. Me refiero a los sectores que, liderados por el alcalde comunista Daniel Jadue, han planteado la existencia de un proceso constituyente paralelo al ya acordado. En efecto, el 15 de julio de 2020, día en que los diputados empezaron a aprobar el retiro del 10% previsional, Jadue declaró que Chile se encontraría en un “proceso constituyente de facto y en marcha”, una opinión que no hace alusión –claro está- al pacto firmado por nuestros representantes en noviembre, sino a una cierta imaginería revolucionaria que todavía cree que se pueden introducir cambios estructurales por fuera de los canales institucionales.

No hay que ser un contumaz anticomunista para darse cuenta de que esta estrategia indudablemente transgrede el Acuerdo, una de cuyas principales características –no debemos olvidarlo- es que surgió “desde”, no en “contra”, de la Constitución de 1980. Esta es la razón de por qué el poder de los futuros constituyentes no es ni puede ser originario, sino derivado. Una discusión esta última que es más que meramente técnica, ya que plantea también una pregunta práctica insoslayable: ¿es aconsejable que el debate sobre la nueva Carta comience de foja cero -como si sus autores portaran una condición revolucionariamente originaria-, o más vale aceptar que algún grado de continuidad ha de existir entre lo nuevo y lo antiguo?  

La vía de los hechos (esto es, creer que ya comenzó lo que todavía no ha comenzado) puede llevar a que nos saltemos o cambiemos las reglas de un juego al que todos –el PC incluido- deberían someterse. El derrotero constituyente reclama ser respetado y enmarcarse en la institucionalidad que, nos guste o no, todavía sigue rigiendo en la legislación chilena.

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