Opinión La Tercera Domingo 6 de septiembre de 2020

Por una vejez sin pobreza

Mauricio Villena C. | Rafael Sánchez F. |
Foto: Internet

Un aumento de un punto del IVA resulta más progresivo que las cotizaciones laborales debido a que no grava el empleo y porque lo pagan todos en proporción a lo que consumen.

Junto con la también investigadora del CEP, Daniela Leitch, presentamos una serie de propuestas para mejorar el sistema de pensiones en Chile. Aquí discutiremos solamente aquella que apunta a mejorar el pilar solidario.

Se propone un ingreso básico de vejez (IBV) que asegure como mínimo pensiones equivalentes a 1 línea de pobreza para todos los chilenos ($171.000). Sobre dicho monto se agregarían las pensiones autofinanciadas, las que serían complementadas por un aporte decreciente por parte del Estado para aquellas pensiones que van entre 1 a 3 líneas de pobreza ($ 513.000). En términos prácticos, este IBV consiste en elevar los montos y la cobertura de la actual pensión básica solidaria y aporte previsional solidario.

Para ayudar a financiar esta propuesta sugerimos elevar el IVA en alrededor de un punto, lo que recaudaría en torno a US$ 1.300 millones anuales. Estos recursos irían a rentas generales y compensarían un traspaso por el mismo monto hacia un Fondo de Pensiones registrado en la partida Tesoro Público en la Ley de Presupuestos. Los recursos de este fondo se ocuparían en financiar en parte el IBV durante el año que rija dicha Ley.

En la evidencia internacional existe consenso en que los pilares solidarios en general se financian con rentas generales (que incluye el IVA) y no con otros impuestos que son más regresivos y distorsionadores como las cotizaciones laborales. Dentro de rentas generales a su vez existen una serie de opciones tales como: impuestos a las empresas, personas y bienes y servicios.

Si se compara la recaudación de Chile con los países OCDE (excluyendo seguridad social) en el año que estos tenían el mismo PIB per cápita que Chile en 2018 observamos que: i) Chile es el país de la OCDE que menos recauda por concepto de impuestos aplicados a las personas; ii) es uno de los países que más recauda por concepto de impuestos a las empresas; iii) la recaudación por concepto de impuestos a bienes y servicios, se encuentra muy cerca de la media de la OCDE. Asimismo, la tasa de IVA de Chile (19%) está cerca de la mediana de la OCDE (19,3%).

Tomar la opción de avanzar vía subir los impuestos a las personas es complejo pues Chile actualmente cuenta con tasas de impuestos personales que no son bajas para los tramos altos de ingreso (sobre 30%), y tasas bajas para los tramos inferiores (bajo 10%). Adicionalmente, pocas personas pagan impuesto a la renta (menos del 20%). Por esto, la opción de aumentar más aún las tasas es desaconsejable por las ineficiencias que generaría mientras que la opción de aumentar la base de contribuyentes es altamente impopular pues afectaría directamente a la clase media. Respecto de los impuestos a las empresas, la recaudación de Chile es la tercera más alta de la OCDE. Adicionalmente, aplicar impuestos a las empresas encarece la producción, la desincentiva y eso se traduce en menor empleo, lo cual, hoy con pandemia y aceleramiento del cambio tecnológico, es poco recomendable.

Un aumento de un punto del IVA resulta más progresivo que las cotizaciones laborales debido a que no grava el empleo y porque lo pagan todos en proporción a lo que consumen, a diferencia de las cotizaciones, que solo afectan a los que trabajan en forma asalariada y con un tope. Además, a diferencia de los impuestos a las personas y a las empresas, el IVA es simple, fácil de recaudar y tiene una base amplia de contribuyentes. Una ventaja adicional del IVA es que permite que contribuyan al sistema los trabajadores informales y los que la OCDE llama empleos no tradicionales (temporales, parciales, autoempleo, entre otros) y que se caracterizan por su baja densidad de cotizaciones y menores remuneraciones.

Para atenuar la regresividad es que proponemos que se excluya del IBV a aquel que al momento de jubilar tenga más de $ 100 millones en su cuenta individual, lo que excluiría a aproximadamente el 10% más rico de la población.

 

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