Opinión El Mercurio, 6 de agosto de 2014

¿Importan las pymes?

Raphael Bergoeing Vela |

Hay políticas públicas que son políticamente correctas. La gran mayoría las apoya. Por ejemplo, las políticas pro pyme. Pero que estas políticas reciban respaldo transversal no garantiza que sean socialmente deseables. Las políticas correctas no siempre son políticamente correctas. Definirlas exige lo obvio: un buen diagnóstico.

Y en el caso de las pymes, recién empezamos a tenerlo.

El Ministerio de Economía presentó en junio el Boletín Empresas en Chile por Tamaño y Sector 2005-2012. Sus cifras desmitifican varias creencias populares. Entre ellas, que la gran mayoría del empleo está en las pymes. Como veremos, la realidad es otra.

Pero partamos por las definiciones: según la clasificación de empleo, una microempresa tiene hasta nueve trabajadores; una pequeña, hasta 49, y una mediana, hasta 199. De acuerdo a la clasificación por ventas, las microempresas venden hasta $ 4 millones mensuales; las pequeñas, hasta $ 50 millones, y las medianas, hasta $ 200 millones.

Ahora los datos, todos para 2012: las empresas pequeñas y medianas suman 23% de las cerca de 990 mil empresas activas que hay en Chile (las pequeñas son 20% y las medianas 3%), 13% de las ventas, 30% del valor agregado y 38% del empleo. Sí, las pymes son una parte relevante de la actividad económica, pero no toda. Por otro lado, las empresas grandes representan solo 1,5% del total de empresas, pero 85% de las ventas, 54% del valor agregado y 55% del empleo.

Además, estas cifras agregadas resumen una realidad heterogénea, porque es común que las pymes sean muy distintas entre sí. Por ejemplo, datos del sector manufacturero publicados en diversos estudios que he realizado con Andrés Hernando, Alejandro Micco y Andrea Repetto, muestran que en un mismo sector, lugar y momento, dos empresas pueden tener diferencias de hasta siete veces en su productividad.

Durante las últimas semanas las políticas pro pyme han ocupado parte importante de la discusión: el acuerdo tributario se habría zanjado en parte acordando beneficios para este tipo de empresas. Y algunos empresarios incluso alcanzaron figuración nacional defendiendo los intereses del sector durante este debate.

Pero dado el nivel de heterogeneidad ya mencionado, es difícil, y muchas veces inconveniente, desarrollar una agenda sectorial. Hacerlo requiere determinar si los problemas de estas empresas se explican por fallas de mercado que deben corregirse con intervenciones gubernamentales, o si, en cambio, se deben a asuntos endémicos, comunes también en los países desarrollados. Una política pro pyme mal diseñada es un problema para el país, y muchas veces para la misma empresa, que sobrevive precariamente, solo postergando su muerte y el necesario flujo de recursos hacia usos más productivos.

Pero también hay potenciales razones para apoyar a las pymes. Por ejemplo, por información asimétrica que reduce el acceso a financiamiento; externalidades en el proceso de búsqueda de oportunidades de inversión; problemas de coordinación que traban el encadenamiento productivo, comunes en los clusters; o incluso por la necesidad -aunque discutible- de desarrollar nichos de actividad que promueven la identidad nacional en sectores con demanda reducida. Las pymes pueden, además, ser el camino hacia el desarrollo: para aumentar la productividad agregada requerimos empresas más eficientes. Una parte importante de la innovación que acompaña las ganancias de productividad ocurre durante los primeros cinco años de vida de una empresa. Cuando estas nuevas firmas sobreviven, crecen y contribuyen a la eficiencia agregada. Sin embargo, problemas de liquidez pueden impedir que alcancen un tamaño adecuado.

La implementación de políticas microeconómicas adecuadas exige un análisis técnico de las mismas y no puede basarse en la opinión de ciudadanos bien intencionados, pero desinformados, ni en la opinión parcial de grupos de poder preocupados de su propio interés.

Es imperativo profesionalizar el diagnóstico que identifica y prioriza los problemas, el diseño de las políticas para resolverlos, el seguimiento de su puesta en práctica y la evaluación de los resultados obtenidos. El informe generado por el Ministerio de Economía permite avanzar en esa dirección.

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