Opinión La Tercera , sábado 7 de enero de 2006.

Retos para la alta dirección pública

Salvador Valdés Prieto |

La reforma que creó el sistema de alta dirección pública está en marcha, pero sufrirá su primera "prueba de fuego" a partir del 16 de enero, cuando enfrente la avalancha de trabajo asociada al relevo presidencial. Si responde con lentitud, las demoras dejarán acéfalos o a media máquina a servicios esenciales, perjudicando a la ciudadanía y a los sectores productivos. No está en juego su existencia, pues es una sólida realidad que tiene el apoyo de todos los sectores importantes. Lo que está en juego es la magnitud de su aporte.

¿Por qué en tantos países los altos directivos públicos no son reclutados ni promovidos por mérito? Históricamente, en Chile el Presidente negociaba estos nombramientos con los partidos. Por esta vía se infiltraba el cuoteo. El financiamiento de las campañas suele estar ligado a esos nombramientos, pues algunos candidatos y partidos recaudan fondos prometiendo favores que concederán los altos directivos cuoteados.

El cuoteo de puestos de asesores sin poder para conceder empleos, contratos o dictámenes favorables ayuda a la gobernabilidad. Pero el cuoteo en cargos ejecutivos daña a la ciudadanía, pues una calidad baja de los bienes y servicios que produce el Estado perjudica a los grupos pobres que reciben su apoyo y castiga la competitividad del sector privado. El cuoteo de cargos ejecutivos también debilita al Presidente, porque los parlamentarios electos y sus partidos piden esos puestos para compensar a los jefes de campaña y a donantes clave. Esto lo obliga a elegir entre allegar apoyo y lograr una gestión pública de calidad. En el mediano plazo, los partidos también pierden con el cuoteo de cargos ejecutivos, porque surgen grupos internos motivados por los puestos, diluyendo su mística o programa.

La pieza central de esta reforma es el Consejo de la Alta Dirección Pública, entidad autónoma con miembros designados por el Senado e inamovibles. Su función principal es seleccionar ternas, en función del mérito de los postulantes, a partir de las cuales el Presidente designa a aquellos jefes de servicio cuya labor predominante sea la ejecución de políticas públicas o la provisión directa de servicios.

En julio de 2003 se promulgó la ley que llevó a la práctica estas ideas. En enero de 2004 el gobierno designó a la primera directora. En junio de 2004 el Senado designó a los cuatro miembros inamovibles del Consejo de la Alta Dirección Pública. En julio, un decreto identificó los 53 servicios donde esta reforma se aplicará primero: a medida que renuncian o son removidos sus ocupantes, el sucesor es elegido con el nuevo sistema. Hasta hoy el sistema ha seleccionado a 11 jefes de servicio, un logro sólido. Podría haber hecho más, pero el gobierno no pidió renuncias en forma gradual a los otros 42 jefes de servicio.

Esto explica que la sucesión presidencial cause una avalancha: suponiendo que no más de 12 jefes elegidos con el sistema antiguo serán confirmados, el Consejo deberá buscar 30 jefes de servicio en forma simultánea. El número de directivos de segundo nivel que habrá que buscar a continuación estará entre 200 y 250. La celeridad del Consejo y de los expertos delegados que le ayudan determinará el tiempo que queden acéfalos esos servicios.

El nuevo gobierno podría recurrir a estrategias menos que óptimas. Si la Concertación gana la presidencia, podría tentarse a confirmar un número excesivo de los actuales jefes de servicios. Pero muchos de ellos tuvieron y tienen padrinos políticos, porque fueron elegidos con el sistema antiguo. Según la ley, mientras no renuncien o sean removidos, podrían durar otros cuatro años en sus puestos, reduciendo el profesionalismo del sector público.

Otra salida inconveniente es que el nuevo Presidente designe "suplentes", exentos de selección por mérito y posiblemente cuoteados. Según la ley, el Consejo igual haría una búsqueda y propondría una terna. Pero el Presidente no tiene plazo para pronunciarse frente a esa terna y en teoría podría mantener al suplente hasta marzo de 2010. La opinión pública deberá presionar al Presidente para que elija a un candidato de la terna y remueva al suplente. Los concursos que se abrirán abren la oportunidad de avanzar más rápido. Un sector público modernizado queda abierto a los jóvenes que no están dispuestos a pagar un peaje partidista para colaborar en él.

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