Opinión La Tercera, 10 de marzo de 2016 Jueves 10 de marzo de 2016

¿A quién le importa la equidad?

Sylvia Eyzaguirre T. |

En el Programa de Gobierno de Michelle Bachelet la equidad parecía ser el gran tema en educación, sin embargo, las políticas impulsadas durante la primera mitad de su gobierno nos muestran todo lo contrario y al parecer a nadie le importa.
La evidencia nos muestra que las diferencias en el desarrollo integral de los niños a causa del capital sociocultural de las familias comienzan al año y medio de vida, diferencias que se van acrecentando a medida que pasa el tiempo. A los ocho años ya observamos enormes diferencias en las capacidades de comprensión de lectura de nuestros niños, que se explican principalmente por el nivel socioeconómico de las familias. Para revertir esta situación y alcanzar una sociedad más justa necesitamos atacar el problema en sus inicios. Existe consenso en la importancia de la educación parvularia, tenemos conciencia que la cobertura en este nivel educativo es baja, menor a la cobertura alcanzada en educación superior, sabemos también que la calidad de la educación parvularia no es buena y, sin embargo, este nivel educativo ha sido dejada de lado. Así lo reflejan las cifras, mientras la gratuidad en educación superior se estima entre 3.000 y 5.000 millones de dólares anuales adicionales, la inversión en educación parvularia es aproximadamente de 400 millones de dólares.
Esta falta de interés por avanzar hacia un sistema más equitativo también se observa en las políticas implementadas en la educación escolar y superior. Una de las principales discriminaciones que tiene nuestro sistema escolar es su currículum. Ofrecer en Tercero y Cuarto Medio un currículum científico-humanista y otro técnico-profesional ha llevado a perjudicar a los alumnos más vulnerables. La oferta técnico-profesional, donde se forman los alumnos más vulnerables, ha sido dejada de lado por todos los Gobiernos y este no ha sido la excepción. Esta oferta no logra entregar competencias profesionales que el mercado laboral considere y perjudica en el ingreso a la educación superior a los estudiantes que aquí se forman. Se requiere con urgencia repensar nuestro currículum, sopesando si efectivamente queremos continuar ofreciendo una salida técnico-profesional y en el caso de que así sea, actualizando los currículos de las diferentes especialidades de manera que los egresados cuenten con las competencias y conocimientos que exige el mundo profesional.
No sólo el gobierno ha relegado una vez más la formación técnico-profesional, sino que también en la ley de carrera docente se ha perdido la oportunidad de enderezar la cancha. La ley de carrera docente era la oportunidad para ofrecer incentivos atractivos para que docentes de excelente desempeño optaran por trabajar en establecimientos con un alto porcentaje de alumnos vulnerables y así mejorar las oportunidades de aprendizaje de los alumnos más pobres, sin embargo, nada de eso hace la ley. La evidencia nos dice que el primer lugar de trabajo de un profesor es determinante respecto del tipo de colegio en el cual trabajará en el futuro, es decir, es altamente improbable que un profesor que entra a trabajar a un colegio particular pagado se cambie a un colegio municipal o particular subvencionado. La evidencia también muestra que los docentes no suelen cambiar de establecimiento y que los cambios, cuando los hay, ocurren en general en los primeros años de la experiencia laboral. El bono para los jóvenes docentes, talentosos o no, que trabajen en escuelas vulnerables es de $45.000 mensuales para una jornada de 44 horas, monto que apenas alcanza para pagar los gastos de locomoción. El monto del bono aumenta con los años de experiencia y con los niveles de desarrollo profesional de la carrera, pero siguen siendo poco atractivos. Por ejemplo, un docente que alcanza el segundo nivel más alto (Experto I) recibiría después de 30 años de experiencia laboral un bono de $147.000 mensuales por una jornada de 44 horas por trabajar en una escuela vulnerable y un docente en el nivel más alto uno de $235.000, es decir, menor al 10% del sueldo.¿Alguien cree que un docente cambiaría su lugar de trabajo, su ciudad o incluso su región después de 30 años de experiencia por un bono menor al 10% de su sueldo? Para los docentes que se encuentran en los tres niveles de desarrollo profesional superior (avanzado, experto I y experto II) y trabajan en establecimientos que tienen una concentración de 80% o más de alumnos prioritarios existe un bono adicional de $60.000. Esta medida va en la dirección correcta al hacer más atractivas desde el punto de vista de la remuneración a las escuelas con más niños vulnerables, pero tiene el peligro de no materializar el objetivo por los bajos montos de los incentivos.
Este es tal vez el error más grande que haya cometido el gobierno, pues incentivos bien diseñados pueden modificar la distribución de docentes de excelencia, mejorando considerablemente las oportunidades de aprendizaje de los alumnos que más las necesitan. A ello se suma, la prioridad que dio el gobierno al cambio de reglas del juego de los establecimientos particulares subvencionados en vez de abordar en primer lugar la educación pública. Pueden haber diferencias respecto de los cambios introducidos al sector particular subvencionado, pero existe consenso en que la prioridad número uno debió haber sido la educación pública, que concentra al mayor número de niños vulnerables.
Finalmente en educación superior el Gobierno optó por favorecer con la gratuidad a los estudiantes vulnerables que asisten a las universidades dejando postergados a los estudiantes vulnerables que estudian en Centros de Formación Técnico o Institutos Profesionales, que en general obtendrán rentas más bajas que los egresados universitarios.
Por cierto, alguien puede objetar que los cambios a la educación particular subvencionada eran necesarios, que la gratuidad partió con los estudiantes universitarios por falta de recursos fiscales y que en la ley de carrera docente se consideran también las educadoras de párvulo y que por ende la educación parvularia no ha sido dejada de lado. Todo esto puede ser verdad, pero aquí no está en discusión si el Gobierno hizo algo por la equidad o no, sino si ésta fue su principal preocupación. ¿Qué es más urgente si queremos avanzar en justicia social, asegurar educación gratuita superior o parvularia, favorecer a los alumnos universitarios o técnico-profesionales, mejorar la educación pública o la particular subvencionada, mejorar la calidad de los profesores en general o mejorar la distribución de los buenos profesores? Me parece que la respuesta es clara.

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