Opinión La Tercera Domingo 4 de julio de 2021

Absurda acusación constitucional

Sylvia Eyzaguirre T. |
Foto: William Rojas

La asistencia a clases presenciales es clave para el desarrollo integral de los niños y sus oportunidades futuras.

Este domingo es una fecha histórica. La Convención Constitucional que tiene por tarea la elaboración de nuestra próxima Constitución comienza a sesionar, y con el fin de procurar las condiciones para una deliberación democrática se vuelve imperativo cuidar el clima político.

En este frágil escenario, diputados del Partido Socialista, Partido Comunista y el Frente Amplio anunciaron que presentarán una acusación constitucional contra el ministro de Educación. Según el diputado Juan Santana “en estos llamados permanentes al retorno de actividades presenciales en condiciones que no son seguras el ministro está infringiendo en una grave causal al exponer no solamente la salud, sino que las condiciones generales de las comunidades escolares de nuestro país”. Insólitas declaraciones. Chile debe ser el único país en el mundo, donde el ministro de Educación es acusado por cumplir con su deber, a saber, procurar un retorno seguro y voluntario a clases presenciales y con ello resguardar el derecho a la educación.

La asistencia a clases presenciales es clave para el desarrollo integral de los niños y sus oportunidades futuras. Existe amplio consenso en la comunidad científica que el daño que produce el cierre de las escuelas es mucho mayor que los riesgos de contagiarse de Covid 19. El cierre prolongado de clases impacta de forma significativa no solo en el desarrollo cognitivo de los niños, sino también en su salud física y mental. En este año y medio la tasa de suicidio ha aumentado de forma importante. Síntomas como el estrés, la angustia y la ansiedad han sufrido un alza relevante entre la población infanto-juvenil producto de las medidas restrictivas para contener la pandemia. Estas enfermedades mentales pueden tener efecto de mediano y largo plazo, afectando de forma grave la vida de los niños. A ello se suma la preocupación por la salud física producto del sedentarismo y la mala alimentación.

Otro de los grandes problemas es el aumento de la deserción escolar. Este año cerca de 40 mil niños y jóvenes abandonaron la escuela, engrosando el número de niños excluidos del sistema escolar que hoy supera los 200 mil. Estos jóvenes son la población más vulnerable del país y son quienes tienen mayor riesgo de caer en las drogas, el alcohol y la delincuencia. En este ámbito no se puede dejar de mencionar la buena noticia de la creación de la modalidad de reingreso, que permite adecuar los planes y programas a las necesidades de los estudiantes, así como también el reciente ingreso del proyecto de ley que crea un financiamiento para dicha modalidad. Finalmente, se encuentran los rezagos académicos y el aumento de las brechas de aprendizaje entre niños de distinto nivel socioeconómico. Estos efectos suelen quedar invisibilizados frente a la amenaza del Covid, pero si los ponemos en la balanza conllevan consecuencias más graves para los niños que el propio virus.

Si hay algo que ha dañado nuestro sistema educativo, especialmente al sector estatal, ha sido la permanente discordia en materia de educación, incluso en aquellos ámbitos donde existen amplios acuerdos en la comunidad internacional. La acusación constitucional al ministro de Educación no conlleva ningún beneficio ni para nuestros niños y jóvenes, ni para el clima que necesita Chile para llevar a cabo su proceso deliberativo. Lamentablemente, la política es nuestra peor pandemia y aún no encontramos la vacuna.

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