Opinión La Tercera Domingo 8 de septiembre de 2019

Acusación inconstitucional

Sylvia Eyzaguirre T. |
Foto: La Tercera

La democracia es tolerancia y su ejercicio implica respetar a quienes piensan radicalmente distinto a nosotros. La acusación constitucional es una herramienta de última ratio. Su uso político la desvirtúa y hiere algo sagrado: nuestra democracia.

A la ministra de Educación no le gusta el nuevo Sistema de Admisión Escolar (SAE). ¿Infringe esto la Constitución y las leyes? No. La ministra ha criticado públicamente el actual sistema, ha recorrido Chile reuniéndose con las familias que están enojadas con el SAE y ha presentado dos proyectos de ley para modificarlo. ¿Amerita esto una acusación? No. El Ministerio de Educación ha enviado correos a las familias informándoles que el actual sistema de admisión no prioriza por rendimiento académico. ¿Es esto falso? No. ¿Infringe la Constitución? Tampoco. ¿De qué delitos se la acusa entonces? Entre las causales se menciona faltar a la verdad a partir de uno tweets (no se rían, eso dice la acusación), de violar la privacidad de datos personales, de no ejercer un control jerárquico sobre los órganos sometidos a su dependencia respecto de la implementación de la nueva educación pública, de haber dejado sin ejecución las leyes por la no ejecución presupuestaria del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) y haber violado el principio de igualdad.

Me pregunto si habrá algún parlamentario que se salve de la primera acusación. ¿En verdad vamos a destituir a un ministro por un par de tweets? En relación con los datos personales, las dos instituciones encargadas de velar por el buen uso de estos (Contraloría General de la República y Consejo para la Transparencia) han sido claras en que no se ha violado la ley. En lo que respecta a la educación pública, se les olvidó que la Dirección Nacional de Educación Pública goza de autonomía y que es el director nacional el responsable de la implementación de los servicios locales, quien a su vez es nombrado por el Presidente de la República. Por cierto, al Ministerio de Educación le corresponden ciertas tareas y estas han tenido demoradas, pero el retraso venía de antes y ha sido precisamente durante la gestión de esta ministra que se han sacado adelante.

Nadie puede desconocer la enorme distancia que me separa de la ministra en lo que respecta al SAE. No solo no comparto sus críticas al sistema, sino que también me molesta el tono de estas. ¿Pero son estas razones para acusarla constitucionalmente? 

Nadie puede desconocer la enorme distancia que me separa de la ministra en lo que respecta al SAE. No solo no comparto sus críticas al sistema, sino que también me molesta el tono de estas. ¿Pero son estas razones para acusarla constitucionalmente? No. La acusación presentada por la oposición no tiene fundamento jurídico, es una artimaña política. El viernes el diputado Mario Venegas reconoció el carácter político de esta acusación y dijo explícitamente que si la ministra no hubiera recorrido Chile criticando el SAE esta acusación no tendría lugar. El diputado Marcelo Díaz también hizo hincapié en la actitud hostil de la ministra respecto de las leyes vigentes: “no recuerdo desde 1990 hasta la fecha a un ministro en campaña contra las leyes vigentes”. Al parecer se les olvidó la retroexcavadora del gobierno anterior con la que denostaron no solo algunas leyes, sino la propia Constitución. Para bien, en democracia no es delito criticar las leyes o incluso la Constitución, es lo que Kant llamó el uso público de la razón, derecho inalienable del hombre libre.

La democracia es tolerancia y su ejercicio implica respetar a quienes piensan radicalmente distinto a nosotros. La acusación constitucional es una herramienta de última ratio. Su uso político la desvirtúa y hiere algo sagrado: nuestra democracia. El diputado Díaz expresó con claridad la necesidad de “hacer un esfuerzo por serenar el clima político”, pero ¿es esta la forma?

Esta acusación, al igual que las otras, devela hipocresía y frivolidad de una clase política cada vez más en decadencia. ¡Cómo no se dan cuenta que con las acusaciones constitucionales nadie gana, todos pierden!

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