Opinión La Tercera Domingo 13 de marzo de 2022

Basta de politizar al T. Constitucional

Sylvia Eyzaguirre T. |
Foto: William Rojas

Esta deseada estabilidad, que lamentablemente nuestro país ha perdido, no se logra únicamente con una Constitución que perdura por un tiempo razonable, sino también por el hecho de que se la respete.

La función del Tribunal Constitucional (TC) es fundamental para la democracia y el Estado de Derecho. Este tiene nada más y nada menos que velar por el cumplimiento de la Constitución. La Constitución nos entrega el rayado de cancha de la vida en sociedad, los principios fundamentales que rigen la convivencia. Esta tiene por función crear al Estado, establecer su arquitectura, deberes y límites, así como también los derechos de los ciudadanos. En general, las constituciones suelen exigir votos supramayoritarios, en nuestro caso en particular algunos artículos de la Constitución exigen hasta 2/3 de los votos para su modificación. Ello con dos propósitos principalmente: el primero es proteger a las minorías. Se suele olvidar que la democracia moderna no se reduce al gobierno de la mayoría, sino que establece límites a ese poder, como, por ejemplo, el respeto a los derechos humanos. El quórum supramayoritario dificulta (aun cuando no impide) que una mayoría pase a llevar a las minorías. El segundo objetivo es entregar estabilidad. Las reglas que permiten el juego de la política deberían ser más estables que las reglas que se generan del juego político. Estas reglas son más bien formales y entregan la forma de funcionamiento de la política. La estabilidad de dichas reglas permite generar confianza que es clave para el desarrollo de los países.

Esta deseada estabilidad, que lamentablemente nuestro país ha perdido, no se logra únicamente con una Constitución que perdura por un tiempo razonable, sino también por el hecho de que se la respete. De ahí que el Poder Judicial haya quedado al resguardo de la política y ésta haya quedado circunscrita a la esfera legislativa (el Congreso) y ejecutiva (Gobierno). La legitimidad del poder del Presidente de la República y de los parlamentarios recae en la voluntad popular. Los jueces en nuestro país no son electos popularmente, son designados. Ello tiene sentido toda vez que estos no debiesen hacer política, sino exclusivamente aplicar la ley. El activismo judicial vulnera la democracia, pues carece de legitimidad para las atribuciones que usurpa, precisamente porque los jueces no representan a nadie más que a sí mismos. Esto es aún más crítico para los miembros del TC, que deben velar en última instancia por la democracia.

Por esta razón es tan indignante ver la falta de preocupación por el buen funcionamiento del TC. Más allá de las reglas formales de nombramiento de sus miembros, que debe ser mejorada, debiera existir un acuerdo político tácito, como ocurre actualmente con el Banco Central, de procurar el mayor rigor posible a la hora de nombrar a los miembros del TC, de manera que sea la trayectoria y la excelencia el único criterio a considerar. No tengo nada personal contra Gabriel Silber y Gonzalo Fuenzalida, sin embargo, considero un gravísimo error que se proponga a políticos para el TC, políticos que en su ejercicio ni siquiera respetaron los límites que establece la Constitución.

El deterioro de la confianza en las instituciones del Estado no es por azar. Una de las instituciones más desprestigiadas actualmente es el TC. El prestigio de las instituciones recae en el prestigio de sus miembros y el TC deja mucho que desear a este respecto. El nuevo gobierno tiene que nombrar a dos miembros. Ello, sin duda, es una oportunidad para revertir el rumbo decadente. Será la primera prueba para ver si prima el interés nacional o el partisano.

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