Opinión El Mercurio, 10/8/2011

Consenso en educación

Sylvia Eyzaguirre T. |

Gobierno y oposición están exigidos por distintos actores de la vida nacional a acordar reformas que resuelvan satisfactoriamente las demandas por equidad y calidad de educación. Las posturas que se promueven para alcanzar estos propósitos parecen a veces irreconciliables. Sin embargo, la ciudadanía, a la luz de los resultados de la encuesta recientemente publicada por el CEP, parece tener grandes coincidencias que pueden ser un buen punto de partida para establecer un diálogo fructífero y lograr un buen acuerdo educacional que resguarde los intereses de la mayoría.

Los encuestados claramente privilegian un sistema de provisión mixta. Así, un 70% de éstos prefiere los colegios particulares subvencionados a los municipales, porcentaje que aumenta entre los más jóvenes y aquellos que gozan de más años de escolaridad. Sorprende la homogénea preferencia por este tipo de establecimiento entre personas de distintas tendencias políticas. Ello es una indicación de que, más allá de una mirada ideológica, hay un deseo de una educación efectiva y diversa que acoja las distintas visiones educativas. Por supuesto, esto no significa que la población sea indiferente a la manera en que se organiza la educación particular: un 80% de los encuestados rechaza la existencia del lucro tanto en establecimientos del nivel escolar como universitario. Se trata de nuevo de una postura contundente y transversal a las distintas tendencias políticas y a los diversos grupos etarios.

Seguramente ello está influido por las percepciones respecto del impacto de esta característica sobre la calidad. En efecto, las principales razones para elegir un colegio particular subvencionado fueron la disciplina y la calidad académica, mientras que para los establecimientos públicos, la diversidad social, el rechazo a los colegios particulares subvencionados -por considerarlos un negocio- y una valoración positiva de la educación pública per se. Parece quedar claro cuáles son los atributos que la población estima más importantes, por lo que el sistema educativo debiera tener la capacidad de darles espacio a todos ellos. Parece relevante, entonces, lograr tanto una educación pública como privada fuertes y de calidad. La tarea del Gobierno y de los legisladores es encontrar el conjunto de transformaciones que logren ambos propósitos de la mejor forma posible. En esta búsqueda es importante resguardar la libertad de enseñanza, de manera que sean las familias y no el Estado quienes decidan dónde deben educarse los niños. Para que dicha libertad sea efectiva, el Estado debiera preocuparse por establecer las condiciones necesarias para entregar más y mejores posibilidades educativas, accesibles para todos. Es obvio que este escenario también supone fortalecer la educación pública y fomentar la inclusión, sin restringir las elecciones de las familias.

La población también tiene opiniones coincidentes en ámbitos más específicos. Así, por ejemplo, ocho de cada diez personas consideran que las remuneraciones de los profesores debieran estar ligadas a su desempeño y no, como ocurre hoy en día, estar muy marcadas por la experiencia. También existe consenso sobre las atribuciones de los directores. Sobre el 60% considera que éstos debieran poder seleccionar a sus docentes y despedirlos en caso de bajo desempeño, atribuciones que actualmente poseen muy limitadamente, a pesar de la nueva Ley de Calidad y Equidad que flexibilizó el Estatuto Docente. Estos aspectos no deberían olvidarse en el proyecto de carrera profesional docente que debe enviarse al Congreso antes de marzo próximo.

Respecto de otras materias presentes en el debate sobre educación escolar, el 61% de los encuestados está de acuerdo con la creación de los liceos de excelencia; cerca del 66% no se opone a que los establecimientos seleccionen a sus alumnos por desempeño académico; a un 87% le gustaría recibir información detallada sobre el resultado de su hijo en la prueba Simce, y el 54% está en desacuerdo con cerrar establecimientos de bajo rendimiento. El conjunto de opiniones que revela la encuesta CEP es una referencia útil para el momento actual. Las opiniones no siempre están en línea con las políticas vigentes o las que están siendo promovidas en su reemplazo. Ello es un llamado de alerta a los distintos sectores para revisar sus propuestas y, finalmente, para arribar a acuerdos que reflejen la flexibilidad con la que la población aborda la problemática educacional.

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