Opinión La Tercera Domingo 23 de agosto de 2020

Debate constitucional: ajuste de expectativas

Sylvia Eyzaguirre T. |
Foto: William Rojas

En nuestro país, los políticos de centro izquierda, avergonzados de su legado, no encontraron nada mejor que echarle la culpa a la Constitución por la profundización de la privatización de las prestaciones públicas.

Un día me topé con un vendedor ambulante que vendía un remedio milagroso. Según él, este servía para el romadizo, bronquitis, neumonía y toda suerte de enfermedades a las vías respiratorias. Esta pomada, además, mejoraba la artritis y el reumatismo, y aliviaba el dolor de hueso y muscular. Como si eso fuera poco, también servía para quitar el mareo y su aroma lo hacía apto para perfume, teniendo una suerte de efecto afrodisíaco. Este milagroso ungüento era el Mentholatum.

Algo similar ocurre con la Constitución. De pronto se convirtió en la causa de todos nuestros males; de ahí la proliferación de vendedores ambulantes con la nueva pomada. No me mal interpreten; no se trata de criticar la opción por el Apruebo, sino de ajustar las expectativas. Al igual que el vendedor, algunos políticos, dirigentes sociales y hasta académicos pregonan que la nueva Constitución mejorará la atención de la salud en los hospitales, mejorará las pensiones, la calidad de la educación y un largo etcétera. Pero basta leer el numeral 8° del artículo 19° de la actual Constitución, que nos otorga el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación, para darnos cuenta del engaño.

¿Qué nos dice la evidencia comparada? Si revisamos los textos constitucionales de los países europeos y anglosajones, se advierte un espíritu minimalista, que no considera los derechos sociales ni su provisión. La definición de estos y su provisión es tarea de la política y, por ende, materia de ley. Esto no ha sido impedimento para la construcción de estados de bienestar. Por el contrario, las constituciones de los países latinoamericanos tienden al maximalismo, con una enumeración exhaustiva de los derechos sociales, en algunos casos con garantías jurídicas, y especificaciones sobre su provisión; pero ello no ha repercutido necesariamente en una mejor provisión de estos derechos.

Si miramos cómo los distintos países han organizado la provisión de servicios públicos como educación, salud y pensiones, se observa una gran diversidad de sistemas: en educación y pensiones predomina la provisión estatal, como en Finlandia y Canadá, mientras que una excepción son Holanda y Corea, con una alta participación del sector privado; en salud, en cambio, se advierte una gran diversidad, y en casi todos ellos, una alta participación del sector privado. En estos últimos, sin embargo, la provisión privada no ha sido un impedimento para velar por el rol público de estas prestaciones, asegurando igualdad en el acceso y en la calidad de las prestaciones.

En nuestro país, los políticos de centro izquierda, avergonzados de su legado, no encontraron nada mejor que echarle la culpa a la Constitución por la profundización de la privatización de las prestaciones públicas. Pero esto no es tan así. La segregación en el acceso a las prestaciones de servicios públicos no tiene su origen principal en la Constitución, sino en la defectuosa regulación del sector privado, falta de recursos y mala gestión del sector estatal. Nada impide al Estado crear una AFP estatal o tener un rol más activo como empresario; la Constitución solo exige que éstas sean creadas por ley, con la mayoría absoluta de los parlamentarios en ejercicio. Ahora bien, es verdad que hay materias que están reguladas en Leyes Orgánicas Constitucionales (LOC), que exigen el control preventivo del Tribunal Constitucional (TC) y un quorum supramayoritario (57%), que obstaculizan los gobiernos de la mayoría. Pero esto es una razón para que la goma de borrar y no el lápiz sea lo más importante en la nueva Constitución, si queremos extender la esfera democrática.

Una nueva Constitución nos da la oportunidad para modificar profundamente nuestro régimen político y profundizar nuestra democracia, pero difícilmente mejorará la calidad de la educación, reducirá la lista de espera de cirugías y aumentará las pensiones. Una nueva crisis en las expectativas es precisamente lo que debemos evitar.

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