Opinión La Tercera, 7 de diciembre de 2016

El dilema de la nueva educación pública: ¿Descentralizar igual privatizar?

Sylvia Eyzaguirre T. |

En el Senado se discute el proyecto de ley que crea una nueva institucionalidad para la educación escolar pública.

Entonces, si descentralizar no implica privatizar, ¿por qué algunos sectores se oponen?

La propuesta del Ejecutivo consiste en quitar a los alcaldes la responsabilidad de la educación pública y trasladar dicha responsabilidad, en la práctica y aunque se diga lo contrario, al Ministerio de Educación.

Los inconvenientes de centralizar la gestión de la educación pública en el Ministerio de Educación son varios y ampliamente conocidos. Cabe tal vez destacar dos desventajas. La primera, existe conflicto de intereses cuando la misma institución es la encargada de gestionar y diseñar la política pública. La evidencia y la literatura sugieren como un aspecto clave de la efectividad estatal que el diseño de la política, la gestión y la fiscalización estén separados en instituciones distintas. La segunda, se pierde capacidad de gestión y aumenta la burocracia cuando se aleja la instancia de toma de decisiones.

La pregunta que surge entonces es ¿por qué el Ministerio de Educación consciente de las falencias del modelo centralista y contrario a la tendencia que se observa en la gran mayoría de los sistemas exitosos de educación insiste en dicho modelo?

La razón pareciera estar en una concepción equivocada de la descentralización. Los opositores a descentralizar la gestión de la educación pública, sostienen que la descentralización en el fondo es una privatización.

¿Tiene sustento esta afirmación? No. Pensar que lo público sólo lo constituye aquello que pertenece al gobierno central no sólo es falso, sino que denota una concepción estrecha de Estado. ¿Acaso la piscina municipal es un bien privado al igual que los servicios primarios de atención de salud o los parques o los teatros del municipio? ¿Acaso los países con estados federales han privatizado sus territorios al descentralizar el gobierno central en los estados o regiones? La descentralización no es una respuesta privatizadora frente al monopolio de los gobiernos centrales, pero sí es una forma de organizar el Estado que rompe con la hegemonía centralista y revindica la diversidad del territorio nacional. Los criterios de lo público y privado son ortogonales a los conceptos de descentralización y centralización. La educación, los servicios primarios de salud, los parques, los teatros no pierden su carácter público, porque su administración se encuentre radicada en la región, la comuna o en el nivel central. El gobierno comunal, regional y central son distintas instancias de la organización estatal y ninguna es más o menos Estado.

Ahora bien, la descentralización no sólo responde a un criterio de eficiencia, por cierto importante cuando se trata de servicios tan fundamentales como salud y educación, sino también a un reconocimiento de la diversidad cultural del país y la confianza en las capacidades de las regiones. En este reconocimiento a la diversidad y a la capacidad de las regiones tiene sentido contar con gobiernos locales autónomos, con capacidad de determinar las líneas estratégicas del desarrollo local. Precisamente hacia allá apunta el proyecto de ley que establece la elección popular de los intendentes, reconociendo la necesidad de transferir más poder a los gobiernos locales.

Entonces, si descentralizar no implica privatizar, ¿por qué algunos sectores se oponen?

Una razón posible es el temor a la atomización de la educación pública, la pérdida de su hegemonía, que no logre constituirse como un sistema. Precisamente una de las ventajas de contar con un sistema descentralizado de educación pública es que las escuelas públicas puedan efectivamente responder a las necesidades de la comunidad local y no a un ideario nacional de educación que muchas veces sólo responde satisfactoriamente a quienes lo imaginaron. Sin embargo, la descentralización de la gestión no necesariamente implica la negación de un sistema nacional de educación pública. Actualmente, contamos con un Currículum Nacional de Educación que asegura una cierta unidad en el sistema educativo en su conjunto y un marco regulatorio para los establecimientos que reciben recursos del Estado, que establece un marco común. Además, un sistema descentralizado puede perfectamente contar con una Estrategia Nacional para la Educación Pública a cargo del Ministerio de Educación, que oriente los planes de los Servicios Locales que gestionan la educación pública, y con un Consejo Nacional que articule los Servicios Locales y los supervigile.

Otra razón posible es la desconfianza en la capacidad de gestión a nivel local. Hay quienes argumentan que en nuestro país no contamos con suficiente capital humano para asegurar que los Consejos Locales, compuestos por personas del territorio, funcionen de forma adecuada. De ahí la necesidad de centralizar la toma de decisiones, donde sí existiría la posibilidad de concentrar capital humano avanzado. Sin embargo, estas personas parecen obviar los conflictos políticos a los que se ven sometidos los gobiernos centrales. Hasta ahora, en nuestro país los gobiernos han sido capturados por los intereses de los partidos políticos y no han sido capaces de poner coto a las presiones de los partidos, que buscan nombrar a militantes en vez de personas idóneas en cargos de alta responsabilidad. También sabemos por experiencia que muchas veces los intereses de la política son distintos a los intereses de las personas. En un escenario como este, parece más conveniente que la toma de decisiones esté radicada en un Consejo Local, cuyos integrantes tal vez no tengan tanto capital cultural pero estén preocupados genuinamente por la calidad de la educación, que en militantes de partidos políticos, que muchas veces tampoco tienen un capital cultural muy elevado y usan sus cargos para perseguir beneficios personales o para el partido en vez de buscar el beneficio de los escolares.

Resulta curioso que en medio de un relativo consenso sobre la necesidad de descentralizar la política y entregar mayores atribuciones a las regiones, el gobierno luche por relegar el sistema escolar al sistema central en vez de acercarlo a las comunidades locales.

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