Opinión La Tercera Domingo 6 de diciembre de 2020

La sociedad civil bajo amenaza

Sylvia Eyzaguirre T. |
Foto: William Rojas

Aunque usted no lo crea, Chile es de los pocos países a nivel mundial que castiga las donaciones o de frentón las prohíbe.

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) cumplen un rol fundamental, que suele ser invisibilizado. Ellas son el fruto del deseo de las personas por contribuir a la sociedad y expresan el pluralismo y diversidad de intereses que mueven a los ciudadanos. Así, las OSC articulan la participación de los ciudadanos en la vida pública, contribuyendo al bien común. Este factor aglutinador las convierte en un punto de encuentro para personas que no tienen nada en común excepto su interés por contribuir en una misma causa, aportando a la construcción de una sociedad más cohesionada. A nivel internacional, destaca el rol que han cumplido las OSC en áreas claves como medio ambiente, derechos humanos, salud, educación y cultura; entendiendo que el desarrollo sostenible es tarea de todos.

Las OSC no están orientadas al lucro sino el beneficio social, de ahí que su sustentabilidad dependa en gran medida de las donaciones de las personas o empresas, ya sea en tiempo, especie o dinero. Precisamente por el beneficio público que generan las OSC, los países desarrollados y latinoamericanos incentivan las donaciones. ¿Cómo no va a ser mejor donar dinero a una causa que reporta beneficios públicos que usarlo para beneficio privado?

Aunque usted no lo crea, Chile es de los pocos países a nivel mundial que castiga las donaciones o de frentón las prohíbe. En nuestro país una persona puede gastarse toda su plata en el casino o en una fiesta, pero no puede donarla. Si quisiera hacerlo, tendría primero que pedir permiso a un juez, el cual tendría que consultar a sus herederos forzosos. En caso de que sus herederos y el juez lo permitieran, tendría que pagar hasta 40% del monto donado en impuestos, si su donación fuera a causas que no están contempladas en los beneficios de donación, como por ejemplo salud, medioambiente y derechos humanos. En el caso de que la donación fuera a causas que cuentan con beneficios como cultura y educación, el donante deberá pagar hasta 40% de impuestos por el monto que sobrepase el monto máximo de donación. En relación con la herencia, sólo un cuarto de la masa hereditaria se puede donar libremente, el resto es para los herederos forzosos. Y para más remate, el cuarto de libre disposición paga más impuestos en la medida que el receptor sea alguien con menor vínculo familiar. Es decir, se paga más impuestos si se deja ese cuarto de libre disposición al Hogar de Cristo que a un hijo. ¿Tiene sentido proteger el interés privado por sobre el público?

A pesar de las enormes falencias de nuestro marco regulatorio, las OSC han cumplido un rol fundamental en nuestro país. Es cosa de pensar en fundaciones como la Teletón, Coaniquem, Hogar de Cristo, Techo, Sociedad de Instrucción Primaria y tantas otras para darnos cuenta su invaluable contribución. Este sector además aporta a la economía, generando cerca de 310 mil empleos remunerados y voluntarios, y representa el 2,1% del PIB. Lamentablemente, hoy las OSC se encuentran bajo amenaza debido a la crisis económica que generó la pandemia. Las enormes restricciones a las donaciones contempladas en los distintos cuerpos legales dificultan la posibilidad de que personas jurídicas puedan realizar donaciones este año, aun cuando ellos quisieran. De no abordarse prontamente estas dificultades, se corre el riego de que muchas organizaciones mueran, produciendo no sólo daño a los beneficiarios directos sino también debilitando nuestro tejido social.

Hoy más que nunca tenemos la urgencia de avanzar hacia un marco regulatorio moderno, que integre los distintos cuerpos legales en uno; que sea inclusivo, incluyendo causas hasta hoy excluidas como medio ambiente, salud y derechos humanos; que sea simple, para que todas las organizaciones independientemente de su tamaño puedan participar; que incentive y facilite las donaciones, entregando certeza jurídica; y que cree una institucionalidad encargada de supervigilar y fomentar la transparencia y la rendición de cuenta, clave para la confianza en el sistema. No es hora de seguir parchando, es hora de pensar en el futuro

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