Opinión La Tercera Domingo 20 de diciembre de 2020

Los efectos invisibles del estallido social

Sylvia Eyzaguirre T. |
Foto: William Rojas

“Paga Moya” es el típico dicho chileno, cuando no sabemos muy bien quién paga los platos rotos. En este caso Moya son también los estudiantes más vulnerables de nuestro país; importante no olvidarlo.

Nada es gratis en la vida. Los eventuales efectos positivos del estallido social tienen un costo. El Acuerdo por la Paz dio inicio a un proceso constituyente, que nos ofrece la oportunidad de dar un cauce institucional al descontento social, oportunidad que no está exenta de riesgos. El costo más visible del estallido se sintió en la economía. Se estima que las pérdidas por daños a la propiedad pública y privada bordean los  1.400 millones de dólares, y la pérdida en puestos de trabajo supera los 140 mil. A ello se debe sumar la fuerte devaluación de la moneda, la caída de la bolsa, el daño a la imagen país y la contracción económica. Los costos más dramáticos son sin duda los costos en vidas humanas. Hasta el momento se han confirmado 33 fallecidos, además de 11.180 civiles y 4.817 carabineros lesionados.

Pero el estallido social no solo afectó la economía y la política, sino que también otros ámbitos como el educacional, que permanecen invisibilizados. El proceso de aprendizaje tanto de escolares como de universitarios se vio afectado producto del cierre de sus establecimientos. La gran mayoría de los colegios cerró sus puertas las primeras semanas del estallido social y la asistencia durante noviembre y diciembre fue extremadamente baja (28% y 12%, respectivamente). A esto se suman las dificultades que vivieron los alumnos de cuarto medio para rendir la Prueba de Selección Universitaria (PSU). La fecha de la prueba se corrió en dos oportunidades y durante las jornadas de rendición se vivieron disturbios y tomas de establecimientos escolares, obligando a miles de estudiantes suspender la prueba y tener que volver a rendirla en fechas posteriores.

¿Cuál fue el costo del estallido social en las oportunidades de acceso a la educación superior y quiénes fueron los que terminaron pagando? Son las preguntas que intentamos responder con Javiera Gazmuri y Horacio San Martín en un estudio del Centro de Estudios Públicos. Los resultados encontrados son desoladores. La tasa de no rendición de la PSU aumentó en 86% en relación con el año anterior. Esto significa que uno de cada cinco inscritos para rendir la PSU no la rindió, es decir, más de 40 mil jóvenes recién egresados vieron truncada su posibilidad de acceder a la educación superior. La probabilidad marginal de no rendir la PSU a comienzos de 2020 fue 9,5 puntos porcentuales mayor que en el año anterior. Esto significa que, en promedio, un estudiante inscrito en el proceso de admisión 2020 tiene una probabilidad mayor de no rendir la PSU, en torno a 9,5 p.p., respecto de otro alumno con las mismas características inscrito en un proceso de admisión anterior.

Si analizamos quiénes fueron los afectados, advertimos que el efecto del estallido social fue transversal, afectando a estudiantes de distinto nivel socioeconómico, desempeño académico, tipo de establecimientos escolar, etc. No obstante, los estudiantes más afectados fueron una vez más los de bajos ingresos, especialmente quienes estudian en establecimientos técnico-profesionales y humanista-científico de jornada vespertina, así como estudiantes de establecimientos municipales. Mientras uno de cada cuatro estudiantes del decil de menores ingresos no rindió la PSU, solo uno de cada veinte del decil de mayor ingreso no la rindió. A pesar de que la tasa de no rendición aumentó en más de 200% para el decil de mayores ingresos, la brecha entre los grupos socioeconómicos aumentó aún más.

Este aumento en la tasa de no rendición de la PSU afectó la matrícula de educación superior, sufriendo una caída de 8%. Las instituciones más afectadas fueron aquellas menos selectivas, con una caída de 12% para las universidades privadas que no son miembros del CRUCh y de 10% para institutos profesionales y centros de formación técnico-profesional.

“Paga Moya” es el típico dicho chileno, cuando no sabemos muy bien quién paga los platos rotos. En este caso Moya son también los estudiantes más vulnerables de nuestro país; importante no olvidarlo.

75.427 SEGUIDORES SÍGUENOS
24.181 SEGUIDORES SÍGUENOS
12.815 SEGUIDORES SÍGUENOS
10.227 SUSCRIPTORES SÍGUENOS
2.900 SEGUIDORES SÍGUENOS