Opinión La Segunda, 13 de diciembre de 2016

Política y dinero

Sylvia Eyzaguirre T. |

A propósito de las inversiones del ex Presidente Sebastián Piñera, se ha vuelto a abrir el debate sobre la problemática relación entre la política y el dinero. ¿Puede un hombre con fortuna ser Presidente de la República?

El Estado democrático tiene entre una de sus finalidades proteger a las personas de las otras personas. Así, entregamos al Estado la facultad de coacción; es decir, de restringir las libertades individuales, en pos de las mismas y del bien común. Para que ello pueda materializarse, las personas que toman decisiones relevantes deben estar efectivamente libres de conflictos de intereses, y así no hacerlas dudar respecto de sus objetivos.

Precisamente, lo que se cuestiona es si un hombre con fortuna puede despejar los conflictos de intereses para asegurar que velará por el bien común. La aprensión es comprensible; las sospechas no sólo estarán presentes en los escenarios favorables, en los que una medida beneficiosa para el país tenga un impacto económico favorable para el Presidente, sino también cuando las medidas perjudiquen sus arcas. En resumen, ¿quién nos resguarda del poder económico, si el Estado está siendo dirigido por éste?

Para solucionar el dilema entre política y dinero, algunos creen que se debería prohibir a las personas con fortuna postularse al cargo de Presidente de la República, como si los conflictos de intereses se redujeran únicamente al dinero. El problema de esta solución es que viola uno de los principios fundamentales de la democracia; a saber, que todo ciudadano es igual en derechos. No sólo estaríamos discriminando a quienes tienen más, sino que reconoceríamos que no todos tenemos los mismos derechos políticos.

Lo adecuado no es intentar saltarse el problema, sino abordarlo, buscando la manera en que el poder económico de un Presidente no se interponga en sus decisiones como gobernante. La división de poderes en órganos estatales distintos y un sistema de controles y contrapesos, esenciales a un sistema democrático, ayudan a limitar el poder del gobernante, pero no son suficientes cuando se interpone el dinero. Este año contamos con la Ley de Probidad, que obliga a autoridades públicas a entregar en fideicomiso ciego valores emitidos en Chile que superen las 25 mil UF. Dada la globalización de la economía, sería importante seguir avanzando en esta materia e incluir los valores emitidos en el extranjero, ya sea sometiéndolos a un fidecomiso ciego o a través de un portafolio diversificado con restricciones acordadas ex ante de invertir en algunos instrumentos o países. Es ingenuo pensar que con estas medidas se eliminan todos los posibles conflictos de intereses, pero es un riesgo considerablemente menor que el de privar de derechos políticos básicos a ciudadanos.

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