Opinión La Tercera Domingo 20 de junio de 2021

Problema de origen

Sylvia Eyzaguirre T. |
Foto: William Rojas

La Convención Constitucional tiene una enorme tarea por delante. De ellos depende el éxito o fracaso de nuestra nueva Constitución.

“Llamamos a hacer efectiva la soberanía popular de la Constituyente, expresada tanto en el reglamento como en las normativas que debe darse, sin subordinarnos a un Acuerdo por la Paz que nunca suscribieron los pueblos. Lo afirmamos también respecto de toda institucionalidad de nuestro país, que habrá de someterse al fin a la deliberación popular”. Este es un extracto de la declaración de 34 convencionales electos que desconoce abiertamente los límites impuestos a la Convención Constitucional. El razonamiento que está en la base de esta declaración es el siguiente: la Convención es el órgano cuya tarea consiste en escribir la nueva Constitución. Una de las principales funciones de la Constitución es crear al Estado, definir sus atribuciones, obligaciones y límites. Los actuales poderes del Estado (Judicial, Ejecutivo y Legislativo) son vistos en una relación de subordinación respecto del poder originario, a saber, aquel que construirá la nueva Carta Magna. Hasta ahí, el razonamiento es impecable. Ex nihilo, el poder originario, fundante, sería la Convención. Ella sería soberana, es decir, su poder no tendría límites. ¿Pero dónde radicaría la legitimidad de dicha Convención? La historia nos enseña que por regla general las constituciones escritas ex nihilo fundan su legitimidad en la fuerza del vencedor y no en la voluntad de la mayoría.

El problema de la declaración de los 34 es que al negar la legitimidad a los actuales poderes del Estado hacen añicos su propio fundamento, olvidando su génesis. La Convención Constitucional tiene su origen en el Acuerdo por la Paz firmado el 15 de noviembre de 2019, pues ésta dio origen al plebiscito del 25 de octubre de 2020 y luego a la elección de convencionales el pasado 15 y 16 de mayo. El Congreso, los partidos políticos y el poder Ejecutivo posibilitaron la Convención y, por ende, ella debe su origen a estas instituciones del Estado. Si no se reconoce legitimidad a estas instituciones, entonces la legitimidad de la propia Convención se vería puesta en duda.

Se podría argumentar que los cambios que se realizaron a la elección de convencionales, a saber, paridad de género, escaños reservados para pueblos originarios y facilidad para los independientes, la convierte en una mejor representante de la voluntad popular. Sin embargo, los números no avalan esta posición. A pesar de lo trascendental de esta elección y de la cantidad de candidatos y listas, participó solo el 41,5% de los votantes habilitados para sufragar; significativamente menos que para las elecciones parlamentarias de 2017 y la segunda vuelta presidencial. En términos de representación popular, cerca de 6,7 millones de personas votaron en la elección del actual Congreso y más de 7 millones de personas lo hicieron por la segunda vuelta presidencial; mientras que por la actual Convención, solo votaron un poco más de 6 millones de personas. Por supuesto, la baja participación no le resta legitimidad al nuevo órgano, pero siempre es bueno tener presente que cerca del 60% de la población habilitada para votar no lo hizo. Es difícil interpretar a esa mayoría silenciosa, sin embargo, sería un fatal error ignorarla del todo.

La Convención Constitucional tiene una enorme tarea por delante. De ellos depende el éxito o fracaso de nuestra nueva Constitución. Los alaridos totalitarios claramente no ayudan al éxito de esta tarea. Como decía el sabio de Aristóteles, la frónesis (prudencia) es la mayor de las virtudes, especialmente en la vida en sociedad.

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