Opinión La Tercera Domingo 23 de junio de 2019

Sentido común

Sylvia Eyzaguirre T. |
Foto: Caroline Hernandez

La ciudadanía tiene más sentido común que algunos parlamentarios. El diseño propuesto por la DC no deja contento a nadie, pues quienes están en contra de las AFP seguirán disconformes con seguir imponiendo el 10 por ciento en ellas y quienes desconfían de un ente estatal estarán rabiosos de entregarle su 4 por ciento.

“De devociones absurdas y santos amargados, líbranos, Señor”, decía Gustavo Adolfo Bécquer. Esta frase viene como anillo al dedo al debate sobre pensiones. ¿Por qué para la Democracia Cristina (DC) es de vida o muerte el monopolio estatal en la administración de nuestro 4 por ciento adicional? Esta obsesión por un ente único estatal, ¿se funda en evidencia científica? Si el monopolio es una solución más eficiente o si efectivamente el Estado tiene ventajas comparativas que lo hacen más eficiente en la administración de nuestras pensiones que el sector privado, entonces ¿por qué restringir la acción de este ente estatal al 4 por ciento y no permitir que administre también el 10 por ciento que hoy imponemos? Por el contrario, si no existe evidencia respecto de la ventaja de un ente estatal en la administración de nuestras pensiones, ¿por qué obligarnos a entregar nuestro dinero a una institución que no sabemos cómo lo hará? ¿No es más lógico permitir a las personas elegir quién administra sus pensiones? Algunos argumentan que estas decisiones son demasiado complejas, de ahí que el Estado decida por los ciudadanos. Si es así, ¿por qué mantener la libertad de elección para el 10 por ciento? Curiosa crítica a la capacidad de decisión de los ciudadanos, cuando la democracia se funda en dicha capacidad.

Puede que esta discusión no sea técnica, sino política. La pugna política con el Frente Amplio es evidente, ahí chocan dos conceptos de justicia. ¿Pero cuál es la pugna con la DC? La discusión sobre quién administra nuestras pensiones no tiene relación con la justicia. ¿Se trata del viejo dilema Estado versus mercado? Así parece, pero ello implicaría revisar la administración del actual 10 por ciento, sin embargo, eso estaría fuera de cuestión. ¿Por qué? No sabemos. El dilema que tiene entrampado el proyecto, ¿es una demanda ciudadana o solo existe en nuestras élites políticas? La alta despolitización de la población en Chile sugiere que no son estos los problemas que aquejan a la ciudadanía (la encuesta CEP muestra que el 64 por ciento no se identifica con la derecha, ni con el centro, ni con la izquierda). La última encuesta Cadem revela que el 88 por ciento considera necesario hacer una reforma a las pensiones y el 74 por ciento está de acuerdo con que el 4 por ciento de cotización adicional vaya en su totalidad a la capitalización individual. Sobre la administración del 4 por ciento, el 65 por ciento prefiere que las personas puedan elegir entre un ente estatal o una AFP. Finalmente, el 58 por ciento preferiría que la nueva institución estatal pueda competir por todas las cotizaciones y no solo por el 4 por ciento.

La ciudadanía tiene más sentido común que algunos parlamentarios. El diseño propuesto por la DC no deja contento a nadie, pues quienes están en contra de las AFP seguirán disconformes con seguir imponiendo el 10 por ciento en ellas y quienes desconfían de un ente estatal estarán rabiosos de entregarle su 4 por ciento. Más complejo aún, ¿qué sucederá si el ente estatal obtiene menores utilidades que el sector privado o, al revés, mayores utilidades? ¿Qué explicación dará la DC para justificar que las personas no puedan cambiar sus fondos a la institución que lo hace mejor? ¿Por qué nos obligan a costear con nuestras pensiones caprichos políticos? La razón que esgrime la DC para excluir a las AFP de la administración del 4 por ciento es la pérdida de confianza de la ciudadanía en estas instituciones. Pero si fuera por desconfianza ya habríamos cerrado el Congreso y acabado con los partidos políticos, pues son las dos instituciones peor evaluadas por la ciudadanía, lo que, por cierto, es una pésima idea. La libertad de elección no solo es una mejor salida técnica (no sabemos quién lo hará mejor), sino también política, pues debería dejar contentos a ambos grupos.

En una democracia republicana se supone que la deliberación es parte constitutiva del quehacer político. Sería interesante saber cuáles son los principios que están guiando la deliberación en pensiones, pues la razón y el bien común no parecen ser los principios que la rigen.

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