Opinión La Segunda, 9 de marzo de 2005

Qué debería aprender EE.UU. de las pensiones chilenas

Salvador Valdés Prieto |

La columna de Ronald Fischer del 2 de marzo describe el sistema de pensiones de Estados Unidos y concluye que la reforma que propone Bush es mala. Sugiere que su objetivo oculto es eliminar en el futuro, por ahora reducir, la red social para los ancianos pobres. Esa descripción y la conclusión transmiten bien la visión de la izquierda estadounidense.

Las estimo equivocadas.

El sistema de jubilación en EE.UU. cumple las tres funciones (o pilares) clásicas, al igual que el chileno. Estas funciones son ayudar con subsidios a los ancianos pobres, ayudar a la clase media a vencer su propia imprevisión forzándola a ahorrar una fracción de su salario para la vejez y a tomar seguros de invalidez y sobrevivencia, y ayudar a todos a vencer su imprevisión con incentivos fiscales al ahorro voluntario para la vejez.

El programa llamado ‘‘seguridad social’’ en EE.UU. cumple las primeras dos funciones usando una única fórmula de beneficio. La tasa de reemplazo media es un respetable 40% del salario promedio de los últimos 35 años, actualizado por el índice de sueldos y salarios (no por inflación). Intenta cumplir el rol de subsidiar a los ancianos pobres con una fórmula que paga la suma de un componente fijo más una tasa de reemplazo marginal de 32%. Así, los ancianos más pobres parecen lograr tasas de reemplazo cercanas a 50%, mientras que los ancianos de ingreso medio-alto parecen recibir un reemplazo de 35%. Los de ingreso muy alto reciben menos, pero el grueso de su pensión está exenta del impuesto a la renta.

Esto parece redistribuir en forma progresiva. Sin embargo esto es ilusorio, como en el antiguo sistema chileno: la ‘‘seguridad social’’ expropia todos los aportes a quiénes cotizan menos de 10 años, sin darles ninguna pensión ni devolverle la cotización. Como los pobres tienden a elegir más informalidad, la ‘‘seguridad social’’ ayuda poco al decil más pobre.

Peor aún, el trabajo de Gustman y Steinmeir (2001) encuentra que tres cuartos de la redistribución aparente (que es poca) va desde el marido (menos pobre) a la esposa (más pobre) dentro de la misma familia. Pero si los esposos negocian la división de los recursos de ambos, esa redistribución es revertida por las transferencias intrafamiliares, cualquiera sea el poder negociador de cada parte.

La literatura demuestra que sólo el 2,5% de los fondos de la ‘‘seguridad social’’ se redistribuyen entre familias de distintos niveles de ingreso. El 97,5% restante es ahorro y seguro forzoso para la clase media, y por tanto cumple el rol del sistema de AFP. Al revés de EE.UU., Chile sí cuenta con un piso mínimo para las pensiones de los ancianos. Está formado por la pensión asistencial, creada en 1975 y el subsidio de pensión mínima, creado en 1952. Cubren a todos los ancianos merecedores, sean de AFP o INP.

Las pensiones que proveen las grandes empresas de EE.UU. (más de 500 empleados) no cambian el panorama. Sean de beneficio definido o de contribución definida 401(k), el empleador ofrece aportes contingentes a la permanencia del empleado a cambio de que éste acepte diferir parte de su remuneración en la forma de pensión. Esto es muy distinto de las cuentas chilenas de AFP, primero porque son voluntarias y no forzosas: la empresa decide si ofrecer un plan de pensiones o no (la mayoría de las empresas con menos de 500 empleados no ofrecen), y porque un empleado puede elegir una empresa sin plan. Segundo, las pensiones de empresas son adicionales a las que paga la ‘‘seguridad social’’. Tercero, el aporte del empleador es contingente a la permanencia del empleado, y por tanto no es portable hacia otras empresas. Estos planes son ofrecidos por las empresas porque permiten retener empleados capacitados, lo cual exige baja ortabilidad. En cambio, los ahorros en la cuenta de AFP son 100% portables.

Estas diferencias explican por qué Bush, que desea mejorar el servicio de ahorro y seguro forzoso para la clase media, se inspira en el sistema de AFP chileno. Propone permitir a los afiliados desviar 4 puntos porcentuales de cotización a la seguridad social, hacia nuevas cuentas individuales al estilo de las AFP chilenas, invertidas en títulos financieros y administradas privadamente. Así, el anciano recibiría tres pensiones: una de la seguridad social, otra de las nuevas AFP, y la última sólo si trabajó en empresas que le prometieron remuneraciones diferidas.

Sin embargo, su propuesta tiene tres falencias: Primero, ha equivocado la solución para la insolvencia que ha causado la inercia política frente a la generación inusualmente numerosa que jubila a partir de 2020. Su propuesta es reducir la tasa de reemplazo, por la vía de actualizar los salarios por inflación (y no por el índice de sueldos y salarios). Sería más eficiente – y más popular – hacer que las edades de jubilación se ajusten automáticamente a los cambios de fertilidad y longevidad.

Segundo, no ha ofrecido un método confiable para financiar la transición, pues sólo ha propuesto emitir deuda pública. Debido al fuerte déficit fiscal y el gran tamaño actual de la deuda pública de EE.UU., esa senda de transición amenaza la estabilidad fiscal y cambiaria.

Existen opciones superiores, que evitan esa inestabilidad.

Tercero, hasta ahora no incluye la creación de una pensión mínima, ni una propuesta para mejorar la pensión asistencial. En EE.UU. la pensión asistencial federal es muy modesta y tiene muchos requisitos, no existe subsidio de pensión mínima y la redistribución que promete el ‘‘social security’’ es falsa.

En suma, aunque la propuesta de Bush es mala, no es por las razones que propone Fischer. No se puede reducir una redistribución que casi no existe. Si Bush no busca elevar el déficit fiscal para forzar una reducción del gasto público, como le atribuye la izquierda, cuenta con la opción de mejorar su propuesta para ganar apoyo y bienestar.

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