Puntos de Referencia Nº 81, julio 1991.

Alternativas de financiamiento del sistema universitario nacional

Pedro Gazmuri Sch. |
  • El sistema de financiamiento universitario chileno sufrió importantes cambios a comienzos de la década de los 80. De un esquema de financiamiento basado en aportes globales se pasó a uno de aportes directos e indirectos introduciendo, de esta forma, elementos de competitividad por los recursos. Adicionalmente, se instituyó el sistema de crédito fiscal universitario para aquellos alumnos que no pudieran pagar el costo de sus estudios.
  • Las principales ineficiencias del sistema vigente se refieren a: 1) fallas en los estímulos y señales que han impedido que éstas se orienten a los actores directos del proceso educativo; 2) efecto distorsionador del Aporte Fiscal Directo, el cual ha terminado subsidiando en una importante proporción los déficit de docencia, y 3) falta de un sistema transparente y eficiente de crédito universitario.
  • El documento propone una nueva política de financiamiento universitario que permita corregir las deficiencias mencionadas y rescatar los aspectos positivos. Básicamente, se aconseja la eliminación gradual del Aporte Fiscal Directo y Aporte Fiscal Indirecto y la reorientación de estos fondos hacia: 1) el crédito universitario en cantidades que posibiliten el cobro de aranceles que reflejen el costo real de la docencia, y 2) la investigación, creando un fondo competitivo entre instituciones sobre la base del número anual de publicaciones registradas internacionalmente que genere cada una y aumentando los recursos del FONDECYT.
  • Respecto del programa de becas de pregrado que ha impulsado el supremo gobierno, el cual se orientará presumiblemente a carreras de alta rentabilidad social y baja expectativa futura de ingresos, se propone que el Estado entregue crédito incluso a carreras de ese tipo y, si es necesario, subsidie posteriormente a dichos profesionales en los montos de las cuotas de pago del crédito.
  • Asimismo, la propuesta de política incluye la creación de un único organismo encargado de asignar y administrar el crédito universitario; la creación de un fondo competitivo para financiar actividades de extensión, proyectos de infraestructura, etc. y la creación de un sistema nacional de información universitaria.
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