Puntos de Referencia Nº 141, julio 1994.

Información y corrupción

Miguel González Pino |
  • El presente comentario se refiere a los funcionarios públicos y el derecho a la información, en el proyecto de ley sobre libertad de opinión y de información actualmente en trámite.
  • El ejercicio libre del derecho a la información permite descubrir a tiempo la corrupción a gran escala, e incluso evitarla. El proyecto que se comenta apunta con algunos de sus artículos a perfeccionar el ejercicio de este derecho.
  • El proyecto establece, por primera vez en nuestra legislación, el derecho a informarse libremente en las fuentes públicas y en las fuentes privadas que se hayan hecho accesibles a todos. Este derecho implica la obligación correlativa de informar.
  • Numerosas leyes contienen obligaciones informativas, pero no existía hasta ahora una norma genérica que abarcara la mayor parte de los casos, en especial, el derecho a la información del “público" en general, el que solamente está establecido en la Ley sobre Mercado de Valores.
  • EI proyecto propone sancionar al funcionario público que arbitraria o ilegalmente niegue información en el área de su competencia, salvo que exista una norma de reserva legalmente vigente.
  • La norma podría quedar sólo en el papel, si no se establecen mecanismos eficaces para el caso de incumplimiento, no sólo en relación a la aplicación de penas sino especialmente en relación a la obtención efectiva de la información.
  • Se propone la existencia de un organismo al que se pueda acudir para que remueva, al margen de los mecanismos burocráticos, los obstáculos a la información proveniente del ámbito público.
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