Puntos de Referencia Nº 160, octubre 1995.

¿Tenemos derecho a ser aludidos? Indicaciones al proyecto sobre ley de prensa

Lucas Sierra I. |
  • Desde su envío por el ex Presidente Aylwin al Congreso en 1993, el proyecto sobre Ley de Prensa ha generado un constante e intenso debate público. Hoy en día la discusión está centrada en un conjunto de indicaciones que los diputados Aylwin y Elgueta introdujeron al proyecto original. Según sus autores, ellas tienen por propósito garantizar el pluralismo que debe poseer un sistema de información pública.
  • Ese objetivo se intenta mediante la definición de cuotas para el mercado informativo, el establecimiento de un Fondo Público para financiar la permanente investigación del estado del pluralismo en el sistema informativo y mediante una extensión del régimen jurídico de la "réplica" a los casos en que una persona resulte deliberadamente silenciada por los medios de comunicación social.
  • Este trabajo se concentra en la última de las indicaciones apuntadas, es decir, en el "derecho a réplica por omisión", como imprecisamente se ha denominado. Se le analiza a la luz de un grupo de garantías constitucionales. Aun cuando una mirada parcial y forzada de algunas de ellas permitiría conectar la indicación al texto constitucional, una consideración global del sistema de garantías conduce necesariamente a la conclusión de que esta propuesta es inconstitucional. No sólo queda fuera del régimen jurídico que garantiza la libertad de expresión, sino que lo contraviene frontalmente.
  • Asimismo, la indicación sugiere importantes reparos constitucionales desde el punto de vista de los derechos a la intimidad y al honor, propiedad e igualdad ante la ley. De otro lado, su eventual aplicación planteará innumerables problemas a los jueces, por lo que su eficacia es altamente improbable.
  • El pluralismo del sistema de información social constituye una aspiración valiosa y necesaria. Al maximizar el carácter plural de la información pública se maximiza el carácter democrático de una sociedad. Sin embargo, se trata de una cuestión que pertenece al ámbito de las políticas antes que al de los derechos. Existen diversas estrategias que, al contrario de la comentada, sí pueden configurar un escenario informativo pluralista de un modo constitucionalmente sustentable.
  • En lugar de imponer obligaciones ilegítimas e impracticables, tales estrategias se encaminan a facilitar el acceso al mercado de la información -minimizando regulaciones- y a despejar su funcionamiento -eliminando efectivamente la censura. Sólo así es posible apuntar a ese objetivo colectivo optimizando garantías individuales.
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