Es tiempo de alcanzar metas humanas y racionales. ¿A quién no le parece absurdo pedir ayuda cinco veces y que nadie responda? Una actitud así es inaceptable.
En agosto de 2017, Adriana de 19 años, tenía 40 semanas de gestación y esperaba la llegada de su hija Trinidad. Comenzó con trabajo de parto y acudió al SAPU de Pozo Almonte tras presentar dolores y molestias. Fue devuelta a su casa por no estar todavía “lista” para parir. Adriana volvió al SAPU otras cinco veces más. Nunca le dieron la atención mínima necesaria, ni buscaron motivos a sus fuertes dolores y sangramientos. Finalmente, una doctora le dijo que buscara llegar por sus propios medios al Hospital de Iquique, porque con 2 cm de dilatación no valía la pena llamar a una ambulancia. Dos días después de la primera consulta, se presentó en el al hospital con su hija Trinidad en óbito, por sufrimiento fetal. Pero esto no terminó ahí. Ahí la hicieron esperar más de 10 horas para parir a su hija muerta, sola. Siguen los malos tratos, el abandono, y se configura una historia que podríamos catalogar de tortura. Se violentaron los derechos de Adriana y de Trinidad, que solo podía manifestarse a través del cuerpo de su madre. La escalada de incidentes plasman no solo violencia obstétrica, un tipo de violencia de género que puede ocurrir durante la gestación, parto, post parto y aborto, sino también de derechos humanos.
Reitero que Adriana pidió ayuda cinco veces, si hubiese sido escuchada, esta historia podría ser otra, para ella y su familia, y también para cualquiera de nosotras. Conocerla, nos permite entender a qué estamos expuestas. Dramáticamente, ellas no son las únicas. Siempre hay más. Pero su historia ha sido el comienzo del trabajo de la denominada Ley Adriana, que busca promover que sean otras las historias del nacimiento en Chile: contenidas, respetadas y, seguras. De eso se trata entonces la ley de fin de la violencia gineco-obstétrica y de incentivo de parto respetado que actualmente se discute en el Congreso en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados, y donde el miércoles 18 de agosto aprobaron por unanimidad la idea de legislar. Este es un enorme logro porque en parte -aunque tarde- nos permite abrazar a Adriana y Trinidad, y a todas las demás mujeres que han experimentado este tipo de violencia. Se trata de una ley preventiva, una ley que acompaña, que nos hace sentir más seguras dándonos a las mujeres gestantes un soporte como el que necesitamos, que no es punitiva y por lo tanto sienta las bases para lograr un cambio cultural en torno al nacimiento, por cómo este se comprende y por cómo se valora y valida.
Es necesario trabajar activamente para entregar herramientas actualizadas a todos, incluidos los equipos de salud, para que también desde la institucionalidad, nos devuelvan a las mujeres la autonomía de nuestros cuerpos para parir, confiando en que es un acto natural, que en general requiere poca intervención médica pues de lo contrario la especie ya se hubiera extinguido. Contar con un equipo e instalaciones listas para reaccionar en caso de emergencia es lo que necesitamos, lo que es muy distinto de tener una cesárea solo porque es más fácil organizar las camas del hospital, incluso en medio de una pandemia.
Es tiempo de alcanzar metas humanas y racionales. ¿A quién no le parece un absurdo pedir ayuda cinco veces y que nadie responda? Una actitud así es inaceptable. Ese es el cambio cultural que esta ley quiere difundir. Se trata de que si tengo un buen parto, no sea por suerte, sino de que sea porque así lo quisimos todos, porque todos trabajamos por lograrlo y buscamos que, en cada nacimiento, comience una historia de vida delicadamente y en torno al respeto. Se trata también de que una historia de horror como la de Adriana y Trinidad no existan más; de erradicar el manejo indiferente e insensible del dolor, que siendo una emoción universal es imposible no reconocer. A ver si de este modo logramos empatizar con quienes nos piden ayuda la primera vez, no la quinta.
