Las diferencias que como sociedad tenemos sobre la despenalización del aborto no son todas susceptibles de ser zanjadas a partir de la razón, pues algunas responden a nuestras creencias, que no tienen necesariamente fundamento lógico, empírico o racional.
Quienes consideran que el feto tiene el mismo derecho a la vida que una persona, jamás aceptarán el aborto. También hay personas que consideran que la vida de los animales, incluso la de las hormigas, tiene el mismo valor que la vida humana y abogan por sus derechos. En temas de esta naturaleza, el problema no es la diversidad de posiciones, como algunos creen con sus descalificaciones, sino la prepotencia de querer imponer el punto de vista propio al resto, subestimando al otro. ¿Qué hacer en casos como estos? Las sociedades democráticas han decidido que este tipo de situaciones se zanjan democráticamente (siguiendo un conjunto de reglas fijadas en los cuerpos legales pertinentes). Alguien puede objetar que ello abre la puerta para que una mayoría cometa «atrocidades» contra una minoría. Es verdad y no hay manera de escabullir ese peligro, no solo porque los instrumentos que hemos creado para acotar el poder de la mayoría y proteger los derechos de las minorías son susceptibles de cambio por la vía democrática, sino también porque no siempre coincidimos en aquello que creemos una atrocidad, como por ejemplo el caso del aborto o del hormiguicidio.
Dicho esto, creo importante considerar lo que opinan las personas en nuestro país. En la encuesta CEP de julio de 2014, el 23% de los encuestados considera que el aborto debe estar siempre prohibido, mientras que el 55% cree que debe estar permitido en casos especiales y el 20% que debe ser una opción para las mujeres en cualquier caso. En relación con las tres causales en discusión (inviabilidad del feto, violación y riesgo de la vida de la madre), más del 70% de los encuestados dice estar de acuerdo. Si este resultado refleja el sentir nacional, entonces sería deseable verlo representado en nuestro Parlamento.
