Notas de Prensa N° 1, octubre de 2014
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¿Cómo financiar los partidos?

Baje documento aquí ¿Sabía usted que la mayor parte de los partidos políticos chilenos tienen un presupuesto anual que no supera los 13 millones de pesos? Hoy, el tema del dinero y la política ha saltado nuevamente a la primera plana. Por lo mismo, cobra mayor relevancia el trabajo que desde hace algunos meses vienen desarrollando dos investigadores del CEP, Isabel Aninat y Ricardo González, quienes han elaborado una «Propuesta de financiamiento permanente no electoral de los partidos políticos», que acaban de hacer pública.
Basta una somera mirada a los datos disponibles para darse cuenta de la precaria situación que viven muchos partidos y de las diferencias de ingresos entre unos y otros en años no electorales.

 

 

 

La percepción que los chilenos tienen de los partidos es muy negativa. De acuerdo a la encuesta Auditoría de la Democracia, el 61 por ciento piensa que los partidos privilegian sus intereses por sobre los del país. De ahí que la identificación con los partidos haya ido cayendo en forma brutal, desde el 80 por ciento en 1990 a poco más de 30 por ciento en julio de 2014.

 

 

La propuesta de los investigadores del CEP considera entregar financiamiento público a todos los partidos legalmente constituidos, pero exigiendo a la vez, el que se sometan a ciertas condiciones de operatividad y transparencia, que permitan estimular la participación ciudadana en la vida partidaria, y de esta forma, en el largo plazo mejorar la calidad de la política y fortalecer la democracia.
Se propone otorgar un financiamiento basal de 500 UF cada cuatro meses, que permita cubrir los gastos básicos para que un partido funcione: arriendo de oficinas, personal, materiales, entre otros. También se proponen subsidios a las cuotas de militantes activos y a las donaciones de personas naturales. En el primer caso, para estimular buenas prácticas enfocadas a mejorar la formación de militantes y candidatos y en el segundo, para incentivar las donaciones pequeñas, a las que el Estado aportaría una cifra equivalente con un máximo de 0.4 UTM.
El objetivo es que los partidos busquen conquistar militantes y promover la vida partidaria, pues la evidencia comparada muestra que cuando hay muchos donantes pequeños, la mayor parte del financiamiento se genera por esta vía y por tanto, disminuyen los aportes reservados, amén de aminorar los riesgos de captura del partido.
La propuesta le entrega facultades fiscalizadoras al Servicio Electoral y recursos financieros necesarios para resguardar el buen uso de los fondos públicos y asegurar que los partidos cumplan con las exigencias adicionales recomendadas en cuanto a transparencia.