Los académicos Rosalind Dixon y Sergio Verdugo expusieron una propuesta sobre esta materia en un artículo de Estudios Públicos.
La ex Presidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña y la decana de la Facultad de Derecho de la UAI, Miriam Henríquez comentaron la propuesta que hicieron los académicos Rosalind Dixon y Sergio Verdugo, en su artículo “Los derechos sociales y la reforma constitucional en Chile: hacia una implementación híbrida, legislativa y judicial”, publicado en el número de otoño de Estudios Públicos. Esto, en el marco del seminario “¿Cómo regular los derechos sociales en la nueva Constitución? que se realizó el 28 de febrero pasado y que fue moderado por el investigador del Centro de Estudios Públicos, Eugenio García Huidobro.
Sergio Verdugo, profesor y director del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, señaló que su trabajo sugiere un modelo constitucional para la regulación de los derechos sociales que toma en consideración los costos y riesgos asociados al reconocimiento de dichos derechos, asumiendo en su propuesta que la demanda por los derechos sociales es esencial a la demanda por una nueva Constitución en Chile. Al explicar el contexto en que se da este debate, afirmó que “no parece políticamente viable ni tampoco normativamente deseable que la nueva Constitución no mencione los derechos sociales o establecer un estatuto que sea meramente simbólico o basado en principios rectores que no tengan mayor efecto”, pero que no debe predeterminar las políticas específicas para responder a ellos, argumentando que “los constituyentes debieran tener como objetivo diseñar una constitución que guíe y facilite el cumplimiento de las políticas”.
A continuación, Rosalind Dixon, profesora de Derecho en University of New South Wales y copresidenta de ICON-S, explicó los componentes de la propuesta que incluye un mandato especifico al legislador, el establecimiento de plazos para dictar las leyes que concreten estos derechos y la obligación de velar por la aplicación de las mismas, de acuerdo a los principios constitucionales establecidos. Después de analizar otras experiencias, los académicos proponen “un híbrido que toma los mejores aspectos de los modelos judiciales de países como Colombia y Sudáfrica y lo mejor de los deberes legislativos de otros países como Irlanda e India, para llegar a algo que creemos es adecuado para Chile. Además, Dixon analizó los efectos legales y políticos que esperaban conseguir de implementar estas ideas.
Marisol Peña, quien es también investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la UDD, celebró la propuesta, diciendo que está guiada por un modelo de constitucionalismo que rescata el valor más propio de la democracia, radicado justamente en la responsabilidad del legislador en la concreción de derechos sociales, compatibilizándolo con el hecho de que los jueces no deben intervenir primigeniamente en política pública.
Por su parte, Miriam Henríquez, también copresidenta del capítulo chileno de la Sociedad Internacional de Derecho Público, rescató el valor de las experiencias comparadas que recoge el trabajo expuesto como insumo para el debate, pero consideró que propone un modelo de protección judicial débil de los derechos sociales.
