Opinión Qué Pasa, 28 de octubre de 2016

Competencia en las elecciones municipales

Francisco Szederkenyi V. |

Los distintos conglomerados se disputaron en las elecciones municipales del domingo pasado 345 alcaldías y 2240 escaños de concejales.

Se puede concluir que el panorama a futuro no parece ser muy promisorio en términos de competencia, sobre todo porque el límite al gasto de las campañas será reducido a la mitad.

Una de las grandes preguntas que se planteaba era qué tan competitiva sería la elección, dado los cambios introducidos a la legislación electoral.  En otras palabras, ¿habría espacio para que nuevos candidatos pudieran desafiar a quienes iban a la reelección?

Las cifras de elecciones anteriores habían mostrado una tendencia positiva. En el año 2004 el 67 por ciento de los alcaldes que compitieron como incumbentes ganaron las elecciones, en el año 2008 el 63 por ciento, y en el año 2012 el 60 por ciento. Esta última cifra era un 7 por ciento menor que en el año 2004, por tanto, había más competencia. Sin embargo, en las elecciones del 23 de octubre pasado, el 73 por ciento de los incumbente resultó ganador, esto es 13 puntos porcentuales más que hace cuatro años. La tendencia se quebró y la competitividad retrocedió.

La pregunta entonces ahora es por qué se reeligieron más alcaldes. Una explicación plausible podría tener que ver con la nueva forma de hacer campañas políticas. Para que los desafiantes puedan competir, es importante que se les entreguen facilidades para difundir sus ideas, porque, en general, son menos conocidos que los incumbentes, que ya han tenido cuatro años como autoridades en las comunas.

En esto el financiamiento es importante, debido a que permite que los candidatos tengan recursos para hacer propaganda. De modo que mientras mayor sea el financiamiento, mayores son los recursos que éstos dispondrían para darse a conocer y ser más competitivos frente al incumbente.

En este sentido, según los datos del SERVEL, los recursos que se destinaron al financiamiento de las campañas fueron similares a los de elecciones anteriores. Para las candidaturas a alcaldes de 2012 el financiamiento privado –que incluye los aportes propios, de personas y partidos- fue cercano a los 6600 millones de pesos[1] mientras que el de 2016 bordeó los 6000 millones de cada año. Sin embargo, actualizando los montos de 2012, según IPC, en las presentes elecciones el financiamiento privado habría caído en aproximadamente un 22 por ciento[2]. Estos menores recursos, a pesar de repartirse entre desafiantes e incumbentes, en las mismas proporciones que en 2012, habrían favorecido para los alcaldes que re postulaban al cargo, porque tenían la ventaja de ser conocidos.

A esto se sumó que a partir de esta elección se restringieron las donaciones de las personas naturales. Quienes querían financiar a algún candidato debían pedir una “clave única” yendo a las oficinas del Registro Civil, para después hacer el depósito al candidato vía online en la página web del SERVEL. Una fórmula que no facilita las donaciones y por lo mismo, es un desincentivo para entregar recursos a los candidatos. Posiblemente, por eso y a diferencia del pasado en que los aportes propios representaban el 15 por ciento de las donaciones, en esta elección los candidatos, por medio de su patrimonio, aportaron el 37 por ciento[3] del financiamiento total. Luego, la plutocracia aumentó, puesto que la competencia fue mucho más favorable para los candidatos con mayor poder adquisitivo.

Aparte de todo esto, se introdujeron nuevas restricciones para las campañas. Con la idea de evitar la contaminación visual de las calles, se eliminaron las gigantografías y se limitaron los espacios para hacer propaganda. Los letreros con anuncios sólo se pudieron instalar en lugares autorizados por el SERVEL, y no en toda la vía pública, como ocurría antes.

En este sentido, si bien la propaganda electoral “ensuciaba” la ciudad en tiempos de elecciones, permitía que los ciudadanos se dieran cuenta de que había elecciones y notasen que había nuevos candidatos compitiendo con el alcalde en ejercicio. En esta oportunidad, en cambio, con las nuevas restricciones, supuestamente los recursos se habrían utilizado para hacer más “puerta a puerta”, desaprovechando las economías de escala que generaban los carteles. Estos, al ser instalados en espacios públicos con alto flujo de personas, entregaban un mensaje que era recibido por un mayor número de electores.

Con el fin de limitar la ventaja de los incumbentes, se han planteado algunas propuestas como ampliar el periodo de precampaña de modo que los desafiantes tengan más tiempo para dar a conocer sus ideas, establecer que los alcaldes dejen sus cargos apenas empiece el periodo de campaña y, exigir que los gastos del municipio se mantengan en sus niveles históricos en periodos de campaña, además de una franja radial y un rol más activo de TVN en las campañas.

Las primeras tres propuestas señaladas disminuyen la ventaja que tienen los incumbentes, pero no resuelven el problema de fondo que es la necesidad que tienen los desafiantes de mayores recursos para competir. Si las precampañas no están asociadas a mayor financiamiento, el tiempo extra no será suficiente para equilibrar la cancha. Las dos últimas propuestas, relacionadas con mayores espacios en los medios de comunicación tampoco son suficientes puesto que, de acuerdo con las distintas mediciones realizadas por la encuesta CEP, apenas el 10 por ciento de los chilenos consume programas políticos. Luego, cualquier combinación de estas propuestas tampoco cumplirá con dar mayor competitividad a la política.

Al final de cuentas, se puede concluir que el panorama a futuro no parece ser muy promisorio en términos de competencia, sobre todo porque, además para las próximas elecciones parlamentarias de 2017, el límite al gasto de las campañas será reducido a la mitad. Esta medida sin duda generará menor competitividad, porque dejará nuevamente a los desafiantes sin recursos suficientes para competir contra las actuales autoridades políticas.


Notas
[1] Este monto ha sido corregido, en la versión original de la revista Qué Pasa se hacía mención a 7.000 millones de pesos.
[2] Este porcentaje ha sido corregido, en la versión original se hacía mención a un 28 por ciento. 
[3] Este monto ha sido corregido, en su versión original se hacía mención a un 27 por ciento.