La nueva Constitución nos ofrece la oportunidad de repensar completamente nuestro régimen político para que represente de forma más fiel las preferencias de los ciudadanos y dé gobernabilidad.
La democracia representativa es un sistema político donde el poder procede del pueblo, pero, a diferencia de la democracia directa, este no es ejercido por él sino por sus representantes electos mediante el voto. Este sistema político es el más común entre las democracias occidentales modernas y existen buenas razones para ello. La democracia representativa es una forma eficiente para resolver los conflictos y abordar los desafíos en materia legislativa. El tener representantes con dedicación exclusiva profesionaliza el oficio legislativo, permitiendo tener un proceso deliberativo de mejor calidad. Los partidos políticos son el fundamento del sistema democrático representativo y tienen por objeto articular los distintos intereses de la ciudadanía, que se expresan en las diferentes posiciones políticas, para representarlos en el poder legislativo. El principal peligro de la democracia es la demagogia y el populismo. La democracia representativa, a diferencia de la directa, busca protegernos de ese riesgo y ha sido dentro de todo eficaz en ello.
Pero, ¿qué pasa cuando los parlamentarios dejan de representar a la ciudadanía? ¿Qué ocurre cuando el nivel de la deliberación en el Congreso es más bajo que el de una persona común y corriente, que no tiene ni el tiempo ni los medios para estudiar las materias en profundidad? ¿Qué sucede cuando la democracia representativa deja de ser más eficaz que la democracia directa? Me temo que esta es nuestra situación actual.
Analicemos lo que ocurre en pensiones. Existe consenso transversal respecto de la urgencia de avanzar en materia de pensiones. Diversas encuestas muestran que en este respecto la ciudadanía no se encuentra polarizada. Cerca del 70% está de acuerdo con crear una AFP estatal y casi el 80% quiere poder elegir entre AFPs privadas y un ente estatal para la administración de sus ahorros (solo el 16% prefiere que los fondos sean administrados exclusivamente por un ente estatal). En relación con la cotización adicional de 6 puntos, 51% prefiere que estos vayan a capitalización individual, 12% quiere que vayan a un fondo común solidario y 33% prefiere un sistema mixto, donde 3 puntos irían a capitalización individual y 3 puntos a un fondo solidario. A pesar de que no se observan diferencias importantes entre los ciudadanos, nuestros representantes son incapaces de ponerse de acuerdo. Esto no ocurre solo en pensiones, sino que también advertimos el mismo fenómeno cuando se discute de la ley de sala cuna para hijos de madres trabajadoras, para el acceso universal a la educación parvularia, incluso para perfeccionar el sistema de pago a los establecimientos escolares que producto de la pandemia se han visto perjudicados. Una vez más nuestros representantes privilegian sus propias posiciones ideológicas sobre las necesidades de las personas.
¿Cómo destrabar esta situación? La nueva Constitución nos ofrece la oportunidad de repensar completamente nuestro régimen político para que represente de forma más fiel las preferencias de los ciudadanos y dé gobernabilidad. Pero la nueva Constitución, de ser aprobada en el plebiscito, se implementará en 4 o 5 años más. ¿Qué hacer entre tanto? Tal vez, después de todo, no sea tan mala idea implementar consultas ciudadanas vinculantes que permitan dirimir de forma democrática las diferencias creadas por nuestros políticos y que no son capaces de resolver. Se podría objetar que ello es riesgoso, pues hay materias muy populares que son tremendamente dañinas, como por ejemplo los retiros de los ahorros previsionales. Pero la verdad es que nuestros parlamentarios nos han mostrado que este riesgo no existe, pues ellos dejaron de ser el dique de contención ante las propuestas demagógicas, de hecho, ellos son hoy la principal fuente de propuestas demagógicas. Actualmente, la democracia representativa no nos está protegiendo de las pulsiones demagógicas y en cambio entorpece avanzar en una serie de políticas donde la ciudadanía aparece más razonable que sus representantes. La profundización de la democracia parece ser el camino indicado.
