Si la confianza en las instituciones depende de su desempeño, la gestión de las mismas es crucial.
Parece ser que la gestión ha perdido valor frente a la política. El Servel es sólo un ejemplo; el Sename es otro caso lamentable, y mucho más dramático, del último tiempo.
A principios de este año, la clase política se felicitaba entre sí por haberle otorgado al Servel la categoría de órgano constitucional autónomo. Autonomía que, tal como advertimos en su momento, no contribuiría ni a la coordinación ni a su mejora institucional.
Menos tiempo parece haberle dedicado a la discusión de la organización interna, cantidad y calidad de los funcionarios y necesidad de recursos de la institución. Y es justamente esa una discusión relevante.
El problema que está en debate hoy sobre el padrón electoral es, entre otros, un tema de gestión. Cuando el problema se dio a conocer en julio, por una investigación de Canal 13, el consejo directivo del Servel—que precisamente debe aprobar del padrón—tomó un acuerdo sobre el problema. Establecieron un mecanismo administrativo para rectificación de domicilios, que fue utilizado por un porcentaje de los afectados, pero que no dio una solución definitiva al tema. Mientras el problema del padrón crecía en magnitud a medida que se acerca la fecha de la elección, en las últimas semanas los consejeros parecen haber estado más preocupados de hacer análisis electoral—por ejemplo opinando sobre las posibles causas de la abstención (aún cuando ni siquiera sabemos los niveles de participación electoral)—que de abocarse a resguardar el derecho a voto de cada uno de los ciudadanos habilitados para hacerlo. Qué otros acuerdos tomó el consejo del Servel sobre el problema del padrón es difícil saber. Sólo se han subido las actas hasta julio de este año.
Parece ser que la gestión ha perdido valor frente a la política. El Servel es sólo un ejemplo; el Sename es otro caso lamentable, y mucho más dramático, del último tiempo. Puede ser que no sean discusiones tan atractivas como el rango constitucional o los niveles de autonomía de ciertas autoridades. Pero analizar el funcionamiento de las instituciones públicas sí tiene un impacto muchísimo mayor en su desempeño y, finalmente, en el servicio que prestan a los ciudadanos. Esas son discusiones a las que vale la pena dedicarle tiempo, inteligencia y análisis—aunque no lleve al retuiteo masivo.
Si la confianza en las instituciones depende de su desempeño, la gestión de las mismas es crucial. No se trata de desvalorizar la política. Por el contrario, la deliberación política importa y es parte intrínseca del mundo público; sería ingenuo pensar de otra manera. Pero ello no puede implicar menospreciar la gestión. Puede ser que no lleve a apariciones en los medios, pero la preocupación por el funcionamiento de las instituciones públicas tiene un impacto de más de largo plazo que una cuña en el diario.
