Necesitamos funcionarios técnicos, estables y protegidos de la alternancia política. Solo así tendremos instituciones que funcionen con reglas, sin atajos ni privilegios.
La opinión pública ha sido golpeada por la penetración del narcotráfico en nuestra institucionalidad, incluyendo a jueces, fuerzas armadas y gendarmería. Lamentablemente, no son eventos sorpresivos para la ciudadanía. El año 2015 cambió la manera en que miramos la corrupción en el país. Entonces, los escándalos del caso Caval y del financiamiento ilegal de la política involucraron a figuras públicas y revelaron cómo las redes personales y el dinero interferían en la política. En un estudio reciente del CEP mostramos que, desde entonces, la corrupción dejó de ser un tema marginal y pasó a ocupar un lugar cada vez más central en la agenda ciudadana.
Los datos lo muestran con claridad. Entre 2000 y 2014, solo un 11% de las personas que respondía la Encuesta CEP consideraba a la corrupción dentro de los tres principales problemas que el gobierno debía dedicar más esfuerzos en resolver. Desde 2015, ese número se ha duplicado: 23% en promedio durante la última década. Los rankings internacionales muestran el mismo retroceso: Chile pasó del puesto 21 (de 175 países) en el índice de percepción de la corrupción en 2014, al puesto 32 en 2024.
En nuestro estudio, encontramos que la corrupción es vista, sobre todo, como síntoma de un mal funcionamiento del Estado: un aparato burocrático, sobrecargado, mal coordinado y poco profesionalizado, que no responde en tiempo ni forma a las necesidades de la ciudadanía. Cuando eso ocurre, muchos asumen que para que las instituciones funcionen, hay que “aceitar” el sistema o buscar maneras de “saltarse la fila” mediante favores o sobornos. Otros creen que si una institución responde, es porque medió algún acto de corrupción. La desconfianza institucional campea en Chile.
Mostramos también que la preocupación por la corrupción ha sido más fuerte entre personas con mayor educación, ingresos, edad y consumo de noticias políticas. Pero en los últimos años se ha extendido también a sectores populares, clases medias y jóvenes entre 18 y 24 años. Estamos, entonces, ante un malestar transversal.
El estudio revela que la polarización y la desafección democrática erosionan la vigilancia ciudadana. La corrupción preocupa menos a quienes aprueban al gobierno, y también a quienes declaran que les da lo mismo vivir en democracia o en autoritarismo. Esto revela un doble problema: cuando la identidad política reemplaza al juicio crítico, la corrupción se tolera si viene del propio sector. Y cuando la democracia deja de importar, también deja de importar su integridad.
¿Qué hacer? Primero, sancionar severamente los actos de corrupción. Segundo, reducir la complejidad administrativa del Estado: el exceso de trámites y normas opacas facilita la corrupción. Y tercero, profesionalizar la función pública. Necesitamos funcionarios técnicos, estables y protegidos de la alternancia política. Solo así tendremos instituciones que funcionen con reglas, sin atajos ni privilegios. Lo contrario —lo que estamos viendo hoy— es la descomposición del vínculo entre ciudadanía e instituciones. Proteger la institucionalidad implica castigos severos, pero también transformar la forma en que el Estado funciona y se relaciona con las personas.
