Lo que sí está claro es que quedan varias normas transitorias por dictar. Pero con las ya aprobadas, y si el borrador se aprueba en septiembre, el Legislador tendrá mucho trabajo y poco tiempo para hacerlo.
La propuesta de nueva Constitución nos plantea una forma de Estado novedosa en nuestra historia constitucional: un Estado regional. No se trataría de un Estado unitario ni de un Estado federal, sino que más bien un intermedio entre ambos. Este Estado regional estaría compuesto por cuatro tipos de entidades regionales, a saber, Regiones Autónomas, Comunas Autónomas, Autonomías Territoriales Indígenas (ATI) y Territorios Especiales.
Esta nueva arquitectura del Estado pretende satisfacer demandas por mayor descentralización, pero este cambio está lejos de ser inmediato. ¿Cuánto tiempo tardará en implementarse?
En el Pleno del pasado 2 de junio se aprobó una norma transitoria que nos ayuda a entender la transición entre el orden constitucional vigente y el nuevo en esta materia. Esta señala que la Región Autónoma será la continuadora y sucesora legal del Gobierno Regional y, por su parte, la Comuna Autónoma lo será de la Municipalidad. De esta forma, los bienes, derechos y obligaciones que hayan adquirido los Gobiernos Regionales y Municipalidades, quedarán radicados en el patrimonio de estas nuevas entidades.
En relación a aquello que deba modificarse, es decir, las normas sobre organización, funcionamiento e integración de los órganos del Estado regional, así como las transferencias de competencias y los mínimos generales de los estatutos comunales, tendrán que estar listas en no menos de seis meses antes de la elección de sus autoridades. Teniendo en cuenta que las próximas elecciones de Gobernadores Regionales y Alcaldes se realizarán en octubre de 2024, esta normativa debiese estar lista a más tardar en abril del mismo año.
En cuanto a las leyes que regulen la autonomía financiera y descentralización fiscal de las entidades territoriales, el Legislativo deberá aprobarlas de forma progresiva, en un plazo no mayor a dos años desde la entrada en vigencia de la Constitución, es decir, no más allá de octubre del año 2024.
Los nuevos Consejos Sociales Regionales y las Asambleas Sociales Comunales, a cargo de la participación ciudadana, se instalarán y entrarán en funcionamiento una vez que se dicten las leyes que determinen su organización, funcionamiento y competencias.
Otra norma transitoria aprobada fija un plazo de dos años para que se dicte la ley que contendrá el Estatuto de Administración y Gobierno del territorio especial de Juan Fernández. No tuvo la misma suerte aquella norma que proponía un año para iniciar un proceso de consulta y participación del pueblo Rapa Nui, con miras a aprobar su estatuto.
En síntesis, tenemos certeza sobre la instalación de las entidades más conocidas del Estado Regional -Regiones y Comunas Autónomas- y del territorio especial de Juan Fernánez. No corrieron la misma suerte el postergado territorio especial de Rapa Nui ni la creación de las ATI.
Lo que sí está claro es que quedan varias normas transitorias por dictar. Pero con las ya aprobadas, y si el borrador se aprueba en septiembre, el Legislador tendrá mucho trabajo y poco tiempo para hacerlo.
