Con una presencia estatal firme capaz de desarticular los seis grupos radicales que operan en la ruta, podemos transformar “la ruta sin ley” en un lugar que destaque por su frondosa vegetación y la hospitalidad de sus comunidades, y no por el calibre de sus asesinatos.
“…los vamos a matar. Nos echamos a tres pacos, ahora vamos a la comisaría y vamos a dejar la cagá”, resonaba una voz anónima a través del teléfono en la comisaría de Cañete, apenas horas después del brutal acto terrorista en la ruta que conecta esta localidad con Tirúa. No bastó con emboscar y acribillar a tres jóvenes carabineros; sus cuerpos fueron quemados en vísperas del día de la institución. Esta advertencia no solo revela la espiral de violencia arraigada en la Macrozona Sur del país, sino también la erosión del Estado de derecho.
En esta región, el terrorismo impone sus reglas, amenazando con la muerte a cualquier carabinero que intente ingresar. El atentado en la ruta P72, conocida como “la ruta más peligrosa de Arauco”, no fue un incidente aislado. La zona, ahora “sin ley”, está bajo el control de grupos armados que han desplazado a comunidades enteras. La violencia se manifiesta en escuelas incendiadas, un bus escolar atacado con niños dentro, viviendas quemadas —algunas aún habitadas—y retenes baleados. Violentistas cobrando peaje, a vista y paciencia de quienes transitan por la zona. La caleta de Quidico, antes un prometedor destino turístico con el Hotel Curef como emblema, hoy está desolada, mostrando tanto el abandono del Estado como el auge del crimen organizado.
Los desesperados gritos de la Macrozona Sur no pueden ser ignorados. En 2022, el CEP encuestó cara a cara a casi 3.000 personas en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, revelando que los residentes del lugar del atentado ya percibían entonces un alto nivel de violencia. Los mismos han notado en los últimos años un aumento significativo en los conflictos, extendiéndose más allá del tema mapuche, sumando al escenario el terrorismo y la presencia de mafias organizadas en mercados ilegales, como el narcotráfico, robo de vehículos y de madera.
Hemos desperdiciado años valiosos bajo una coalición gobernante que, al llegar al poder, no solo validó la violencia, sino que también debilitó a los encargados de enfrentarla. Incluso llegaron a subsidiar un museo para exhibir la escultura del quiltro “Matapacos”. Hoy parece haber un cambio de actitud. Solo el tiempo dirá si es una mera reacción complaciente a la indignación generalizada o un cambio real de convicción. Sin embargo, lo crucial ahora es aprovechar este momento único.
Con la clase política unida tras el ataque más grave registrado a Carabineros, es imperativo actuar con claridad y decisión para combatir el terrorismo. No es aceptable que actos como este sean clasificados como “violencia rural” para iniciar acciones bajo la Ley de Armas y contra la organización criminal, evitando la Ley Antiterrorista debido a su ineficacia, resultado del debilitamiento que ha sufrido desde el retorno a la democracia.
Urge que se implementen normas estrictas que reflejen la gravedad del asunto -sin eufemismos- y aseguren una respuesta contundente, favoreciendo el retorno del Estado entre Cañete y Tirúa. Con una presencia estatal firme capaz de desarticular los seis grupos radicales que operan en la ruta, podemos transformar “la ruta sin ley” en un lugar que destaque por su frondosa vegetación y la hospitalidad de sus comunidades, y no por el calibre de sus asesinatos.
