Complejo resulta evaluar las primeras semanas de la gestión de un ministro, pues siempre es más fácil opinar sobre proyectos concretos que sobre ideas matrices. A pocas semanas de iniciado el nuevo gobierno, el ministro de Educación ha dado tres señales: disposición al diálogo, distanciamiento de los proyectos de ley en educación superior presentados por el gobierno anterior y compromiso con la tarea de terminar con el lucro, el financiamiento compartido y la selección en el sistema escolar subvencionado por el Estado.
Son claras señales políticas, pero los movimientos sociales y la ciudadanía se han vuelto cada vez más suspicaces de anuncios generales y esperan las definiciones concretas que tomará el Gobierno en materia de educación, definiciones que el ministro Eyzaguirre ha decidido postergar. Esta postergación debe evitar convertirse en una estrategia del suspenso. Eyzaguirre sabe que las ideas fuerza son más atractivas y fáciles de comunicar, y que las dificultades se esconden en los detalles. Pero el suspenso es un arma de doble filo, pues si bien permite retrasar el debate engorroso de los detalles, donde es más difícil que exista consenso, también exacerba las expectativas, la ansiedad y, por cierto, la incertidumbre.
Quedan entonces pendientes preguntas básicas sobre las reformas a presentar. Por ejemplo, si la paulatina eliminación del financiamiento compartido se realizará partiendo por los alumnos del tercer quintil (los primeros dos quintiles con la ley SEP no pagan copago), creando por ejemplo una subvención especial para estos alumnos incompatible con el copago, o por los de mayores ingresos reduciendo el tope del financiamiento compartido a medida que aumenta la subvención general. Esta definición es fundamental, pues si la eliminación del copago implica mayores recursos del Estado, entonces sería deseable que estos se focalizaran en quienes más los necesitan.
Lo mismo sucede con el fin del lucro y la prohibición de seleccionar. ¿Cuál será el mecanismo para asegurar que los sostenedores no retiren excedentes? ¿Implicará fijar los salarios del cuerpo directivo? ¿Cuánto tiempo tendrán los colegios para adaptarse a las nuevas reglas del juego? Considerando que prácticamente un millón y medio de niños asisten hoy a colegios con fines de lucro, los plazos temporales son claves para lograr una transición sin dificultades.
¿Se prohibirá la selección por mérito académico en la enseñanza media? Eso significaría poner fin a los liceos emblemáticos como el Instituto Nacional, lo que podría debilitar aún más la educación pública. Asimismo, para hacer efectiva la no selección por parte de los sostenedores, ¿se optará por prohibir prácticas que hoy son habituales, como las entrevistas a padres y los informes financieros, o por hacer obligatorios mecanismos que garanticen un trato igualitario a las familias, como el uso de la tómbola o un nuevo sistema centralizado de postulación a colegios que respete la preferencia de los padres?
En materia de educación superior, ¿qué entiende el Gobierno por gratuidad universal? Pues no hay coincidencia a priori entre gratuidad universal y los convenios voluntarios que deberán firmar las instituciones de educación superior para acceder a la gratuidad según el programa del Gobierno.
¿Qué ocurrirá con los estudiantes que están en instituciones que no firmen dichos convenios y por ende no puedan estudiar gratuitamente? ¿Perderán sus créditos, deberán recurrir a la banca privada o el Estado creará un sistema de créditos para ellos? ¿Qué pasará con los alumnos de las universidades estatales de baja calidad? ¿Acaso no recibirán financiamiento, o la vara de calidad para acreditarse será lo suficientemente baja para que todas ellas estén por encima? Preguntas clave mientras no sepamos qué instituciones lograrán acreditarse, y cuántas y cuáles se adscribirán al programa de gratuidad; no vaya a suceder que precisamente los alumnos más vulnerables se queden sin poder financiar sus estudios o vean restringida su libertad de elección.
Más temprano que tarde el ministro de Educación deberá entregar mayores definiciones sobre estas propuestas y así ir despejando las dudas que naturalmente surgen. Es de esperar que una vez abordados estos asuntos pueda hacerse cargo de aquellos aspectos que son claves para mejorar la calidad y equidad del sistema educativo y que hoy aparecen rezagados, como son la educación parvularia, la formación inicial de educadores y profesores, la carrera profesional docente y un sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior.
