Debemos bajar las expectativas y aceptar que incluso el disenso necesita de algún grado de consenso para existir y sobrevivir.
El proceso constituyente en el que estamos insertos supone muchos y muy diversos espacios de negociación. Las decisiones que tomemos en los próximos meses en áreas como la salud, la educación, la vivienda, la división territorial, el régimen de gobierno, el sistema electoral, las autonomías de los órganos constitucionales, la propiedad, entre otras, requerirán muchas idas y vueltas, en un mecanismo “circular” (en palabras de Sebastián Soto) a través del cual se debatirán borradores producidos por las muy probables comisiones que conformarán la Convención Constitucional.
Es normal que la deliberación racional descanse en este tipo de negociaciones por niveles, única forma de que el resultado final sea coherente y perdurable. Condición sine qua non para ello es que las autoridades -en este caso, los convencionales- tengan plena libertad para plantear, diseñar y concretar sus opiniones sin ser perseguidas por grupos de interés específicos. Dichos grupos van desde el gran empresariado a sectores menos poderosos -pero igualmente vistosos- de la sociedad civil, todos ellos muy activos en redes sociales y, por tanto, con un gran poder de convocatoria. Nada malo en eso, salvo que su participación sea utilizada con fines amedrentadores.
Hay quienes aspiran a que la Convención sea una suerte de casa de vidrio, abierta 24/7 y de par en par. No creo que sea una buena idea: es probable que los convencionales se sientan inhibidos o intimidados, con la inevitable consecuencia de que el debate sea cooptado y controlado por los matones del curso. Ese es, de hecho, uno de los principales problemas a los que nos podemos ver enfrentados si la deliberación termina en manos de nuevas elites vociferantes. Para que algo así no ocurra, la ciudadanía debe ser consciente de que el mandato de los convencionales es acotado temática y temporalmente y que, por eso mismo, es difícil y poco esperable que nos enteremos de cada uno de los pasos de la negociación constitucional.
La libertad para expresar opiniones suele conducirse mejor en los regímenes representativos. En efecto, para que realmente funcione, la deliberación debe estar sujeta a que sean los representantes elegidos periódicamente quienes tomen las decisiones estructurales. Por supuesto, hay que oír las demandas de la ciudadanía, pues son ellas las que producen ese vínculo indisoluble entre los representantes y los representados. Con todo, igualmente cierto es que la política está hecha de grandes concesiones, y que muchas veces las exigencias de los ciudadanos han de chocar con la realidad tangible. Si realmente aspiramos a que las aspiraciones de los chilenos aparezcan de una u otra manera en la Constitución debemos bajar las expectativas y aceptar que parafraseando al sociólogo Aldo Mascareño, incluso el disenso necesita de algún grado de consenso para existir y sobrevivir.
