«El problema es que el salario no es la porción de un botín fijo, sino que depende de lo que el trabajo aporta. Cuando el costo de contratar se desacopla de la productividad, el empleo formal se resiente.»
Publicada en La Segunda.
Las políticas laborales del gobierno de Gabriel Boric, como el alza del salario mínimo y la reducción de la jornada, merecen una evaluación crítica por parte del sector que las promovió. En vez de los beneficios que prometían, se han asociado a un deterioro de las condiciones de los grupos más vulnerables.
Esa autocrítica debería partir por revisar una premisa tradicional de la izquierda, según la cual el salario sería una disputa por el reparto de un excedente, la plusvalía, que el capitalista se apropiaría mediante bajos sueldos y largas jornadas. Desde esa mirada, al Estado le correspondería zanjar la disputa imponiendo alzas salariales y jornadas más cortas.
El problema es que el salario no es la porción de un botín fijo, sino que depende de lo que el trabajo aporta y la valoración de éste. Cuando el costo de contratar se desacopla de la productividad, el empleo formal se resiente. Y eso es lo que ha ocurrido. De acuerdo con el boletín Voces del CEP de octubre, los costos laborales han crecido casi cuatro veces más rápido que la productividad. Además, según un reporte del Observatorio de Contexto Económico de la UDP, la brecha entre la productividad laboral media y el salario mínimo real se amplió entre 2022 y 2026.
La paradoja es que los primeros en quedar fuera del empleo formal tienden a ser justamente los grupos que con las alzas impuestas y reducciones de jornada se buscaba favorecer. Para ellos, la regulación que pretendía mejorar su vida termina socavando sus oportunidades y empujándolos al desempleo o la informalidad.
Uno de los pocos líderes de centroizquierda que ha planteado esta crítica es el exministro Andrés Velasco. En el lanzamiento de La montaña rusa, libro del también exministro Mario Marcel, sostuvo que “el deber de todo progresista es garantizar, ante todo, el empleo y un empleo de calidad”.
Ese debiera ser el deber de todo proyecto político, porque del trabajo dependen la vida, la libertad y los bienes de las personas, pero también la especialización, el comercio y el progreso humano.
Fortalecer instancias permanentes de concertación entre trabajadores, empleadores y Estado ayudaría a orientar esas conversaciones hacia el necesario, pero escurridizo, largo plazo.
