Engel dice que los parlamentarios se informan sólo con estudios financiados por grupos económicos. No imagina que los autores idean garantías de imparcialidad creíbles para legisladores inteligentes.
Eduardo Engel sostuvo en una columna publicada en La Tercera del 11 de abril que los legisladores chilenos se informan sólo con estudios financiados por grupos económicos, quienes adulteran sus análisis para manejar las leyes. Supone que los legisladores no filtran la información según el respaldo que tenga. Engel cree que los senadores DC -por ejemplo- definen su posición respecto al royalty sobre la base de algún estudio financiado por el Consejo Minero. ¡Absurdo!
Engel no imagina que los autores, que saben que podrían ser cuestionados, reaccionan ideando garantías de imparcialidad que sean creíbles para legisladores inteligentes. Por ejemplo, el CEP con frecuencia toma el riesgo de poner recursos importantes a disposición de comisiones integradas por personalidades independientes, para que hagan propuestas de consenso y de reclutar como coordinadores a personas que no dependan económicamente del CEP.
Engel las emprende contra el CEP. La ley 19.884, promulgada en 2003 para regular el financiamiento de la política, no sanciona a quienes infrinjan los límites que impone a donaciones y gastos. Afirma que esto se debe a que la ley se basó en un informe del CEP, «un centro financiado por sectores empresariales». Pero, ¿no supo que los legisladores aprobaron duras sanciones? ¿No supo Engel que esas sanciones fueron quitadas por el Tribunal Constitucional, por no garantizar un debido proceso? ¿No sabe que todos los partidos encargaron al gobierno reponer las sanciones en un nuevo proyecto? ¿No supo que el gobierno cumplió, ingresando al Senado el 25 de marzo un proyecto que repone las sanciones, con debido proceso? Engel inventó una falsedad que desprestigia a la política y a los políticos chilenos.
Engel afirma después que el estudio del CEP no habría dado suficiente importancia al objetivo de evitar la captura de políticos por parte de intereses económicos, porque no obliga a divulgar la identidad de quienes financian a cada campaña, y que los legisladores habrían aceptado esto. Esta vez critica a las donaciones «reservadas» que crea esa ley, que deben hacerse en una cuenta del Servicio Electoral para luego ser transferidas por éste al candidato o partido beneficiario de manera que éste no sepa quién le donó cuánto. Aquí Engel flojeó intelectualmente, pues cuando un grupo dona a un político por esta vía reservada, no puede probarle que ha donado, pues el político sólo recibe sumas agregadas de parte del Servicio Electoral, y en forma pública. Por lo tanto, el político queda protegido de la captura. Engel no trepidó en poner en duda la inteligencia de las 25 personalidades que integraron la Comisión de Reforma del Estado del CEP, que hizo la recomendación citada cuidándose muy bien de que ella redujera las posibilidades de captura de los políticos. Tampoco trepidó en poner en duda la inteligencia de los miembros de la Comisión Bates, que hizo una propuesta similar, ni la inteligencia de los legisladores que negociaron la ley. Estos desprecios dejan a Engel debiendo una disculpa.
El informe del CEP tuvo éxito limitado. Propuso prohibir las donaciones anónimas, pero la ley las permitió. Propuso un subsidio estatal a los candidatos de monto fijo, pero la ley creó un subsidio por voto obtenido. Propuso que las donaciones de empresas a la política no tuvieran ventaja tributaria, pero fue concedida. Propuso que los gastos de campaña y las donaciones quedaran libres de topes, pero la ley les puso topes estrechos. Propuso que la selección profesional de altos directivos llegara a toda la administración pública, pero la ley eximió a 28 servicios de enorme importancia, dejando a unos 1.200 directivos en la categoría de exclusiva confianza política (cuoteable). Propuso que los Consejeros de la Dirección Pública tuvieran dedicación total y remuneración atractiva, pero se los debilitó con lo contrario y se dio al Presidente de la República el privilegio de cuotear el puesto de Presidente del Consejo.
Engel propone que las autoridades destinen fondos extraídos a todos los contribuyentes a financiar estudios de economistas agrupados en centros de «excelencia», elegidos por concurso. Supongamos que los concursos serían decididos por árbitros extranjeros. Sin embargo, éstos a su vez serían invitados a cumplir esta (lucrativa) función por un selecto comité de economistas locales. Este comité local sería cuoteado con personas que «den confianza» a los partidos políticos. No es garantía que sus miembros tengan publicaciones en revistas científicas, pues, como ha probado la experiencia en Fondecyt, eso no impide los sesgos ideológicos ni las preferencias para el centro donde se trabaja. Ese dinero sería «cuoteado» entre centros afiliados a partidos, aunque aquellos centros universitarios que pongan a alguno de sus líderes en el comité obtendrían una tajada. ¿Para qué gastar millones en proteger a los economistas locales, si es factible acceder a bajo costo a las mejores ideas del mundo? Por ejemplo, las ideas sobre donaciones reservadas, recogidas en la ley 19.884, fueron creadas en la academia estadounidense por el profesor B. Levine, y comunicadas al CEP por el profesor Michael Johnston. Los profesores de la escuela de leyes de la Universidad de Yale, Bruce Ackerman y Ian Ayres, promueven también esta idea en su libro «Voting with Dollars». Los fondos extraídos a los chilenos vía impuestos merecen mejor destino.
