(…) la tarea no es solo crear más empleos vía crecimiento económico y proteger los empleos formales existentes, políticas incluidas en la megaproyecto. Si no se consideran medidas específicas para promover el empleo femenino, difícilmente estas reformas lograrán revertir el deterioro laboral que enfrentan las mujeres.
Emergencia laboral o no, lo cierto es que desde fines de 2022 la tasa de desocupación nacional se ha mantenido por sobre el 8%, muy lejos del 7% promedio observado previo a la pandemia. En el trimestre móvil enero-febrero-marzo, la tasa ha fluctuado entre 8,7% y 8,9% durante el período 2023-2026.
Si el escenario es preocupante a nivel país, lo es aún más para las mujeres. En la última medición del INE, la tasa de desocupación femenina alcanzó el 10%, lo que equivale a cerca de 452 mil mujeres sin empleo.
A ellas se suman quienes no están buscando trabajo, pero estarían dispuestas a trabajar. Al considerar este grupo, la tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial llega a 20,8%, cifra que corresponde a alrededor de un millón de mujeres. Esto significa que existe un importante grupo de mujeres que podría incorporarse al mercado laboral si mejoraran sus expectativas de encontrar una ocupación. Sin embargo, dadas las condiciones actuales este escenario parece poco probable en el corto plazo.
Por otra parte, entre las mujeres ocupadas, un 27,9% se desempeña en una ocupación informal. Esta informalidad es mayor entre las más jóvenes y aquellas mayores de 60 años. A lo largo del país, 9 de las 16 regiones muestran tasas de ocupación informal femenina iguales o superiores a 30%.
Muchas de estas mujeres aportan ingresos fundamentales para sus hogares: un 44% son jefas de hogar y un 30% son cónyuges o convivientes. En promedio, trabajan 27 horas efectivas a la semana, alrededor de 14 horas menos que si tuvieran un trabajo formal.
¿Por qué importa esto? Porque el deterioro del empleo no solo afecta a las mujeres y sus hogares. También tiene consecuencias para el desarrollo del país. Como ha sugerido un reciente informe del Fondo Monetario Internacional, en línea con el informe de la “Comisión Marfán” de 2023, aumentar la participación laboral femenina -una de las más bajas de la OCDE- y reducir la brecha de subempleo permitiría a Chile aumentar sus ingresos y mejorar su productividad. Ambos diagnósticos apuntan a la necesidad de avanzar hacia un sistema de cuidado infantil más universal, en el contexto de un país que envejece aceleradamente.
Sin embargo, el proyecto de sala cuna, aunque muy necesario, no solucionará por sí solo el problema de la informalidad. Muchas mujeres trabajan informalmente porque es la única forma de conciliar el trabajo remunerado con las tareas de cuidado, que siguen recayendo principalmente sobre ellas. Una cifra da cuenta de esto: un 43% de las mujeres que renuncian a su trabajo lo hacen por motivos de cuidado de niños o de adultos enfermos.
Por ello, la tarea no es solo crear más empleos vía crecimiento económico y proteger los empleos formales existentes, políticas incluidas en la megaproyecto. Si no se consideran medidas específicas para promover el empleo femenino, difícilmente estas reformas lograrán revertir el deterioro laboral que enfrentan las mujeres.
