Las discusiones sobre la reforma política recuerdan un dicho algo enigmático: «Lo mejor es enemigo de lo bueno». El Gobierno ha presentado diversos proyectos sobre financiamiento, partidos, régimen electoral, entre otros. Entretanto, vuelven voces pidiendo una asamblea constituyente y una nueva Constitución.
La Constitución dictada en 1980 ha tenido casi 20 reformas. La última, bastante amplia, hace tres años. Pero algunos creen que no se ha lavado su pecado original: concebida en dictadura y aprobada en un plebiscito de mentira. Esto siempre va a servir para reclamar su reforma. Así las cosas, quizás otra Constitución sea lo mejor, pues, como bautizo, borraría la mancha. Pero es dudoso que sea bueno.
Una asamblea constituyente demanda un esfuerzo gigantesco y no libre de riesgos. Debería acometerse sólo en casos de real necesidad. En nuestro caso, quizás convendría antes tratar de entender el arreglo constitucional que tenemos y preocuparse de que sea tratado de un modo que mejore la democracia.
Sin distraerse en el maximalismo constituyente, esto permitiría concentrar esfuerzos en cuestiones más acotadas y plausibles. El Gobierno ha abierto una oportunidad de mejora con sus proyectos. Para aprovecharla bien, sin embargo, hay que repensar algunas propuestas. Sobre financiamiento, por ejemplo.
Se ha propuesto financiamiento fiscal permanente para los partidos políticos. En principio, ésta es una buena idea: no hay democracia sin partidos. Son indispensables, pues universalizan los intereses particulares, racionalizando la política. ¿Por qué esta función de interés público no debería ser financiada públicamente?
El problema es que no se les exige nada a cambio. Debería haber contraprestaciones. Por ejemplo, reglas y prácticas que aseguren la democracia interna, reduciendo la posibilidad de captura (un correcto manejo de la nómina de militantes es aquí fundamental). O bien, una mejor preparación de militantes y candidatos. O un esfuerzo por reclutar nuevos militantes, entre otras posibilidades.
Respecto del financiamiento privado, se ha propuesto prohibir las donaciones electorales de las personas jurídicas. Es un error de ingenuidad. En vez de prohibir, es mejor ampliar la posibilidad de donar desde las empresas, como hoy, a otros grupos, como sindicatos y grupos de interés.
En vez de agotarse en la grandilocuencia constituyente, los esfuerzos de reforma política podrían concentrarse en mejoras que, como el financiamiento, son puntuales y plausibles. Así podría evitarse otro dicho enigmático, que más de una vez le he oído a mi papá: «Aquí yace un español que, estando bueno, quiso estar mejor».
