A veces la historia se repite. Y lo que se repite suele no ser bueno. Durante sus primeros 10 años en Chile, la televisión operó con permisos provisorios y no con concesiones estables. Esto ayuda a explicar su lento e incipiente desarrollo inicial.
Hoy, los primeros pasos de la TV digital también se están dando con permisos provisorios. Y pareciera que se van a seguir dando así por un tiempo.
Hace unas semanas, el Gobierno dictó un decreto que permite otorgar permisos provisorios anuales para emitir TV digital, por un plazo de cinco años. Esto, mientras el Congreso estudia con una lentitud inconcebible un proyecto de ley enviado hace dos años con el objeto de reformar las concesiones televisivas a fin de aprovechar todo el potencial de esta nueva tecnología.
Propone que las concesiones sean divididas en dos. Una autoriza a poner en el aire contenidos televisivos y la otra entrega el espectro radioeléctrico para hacerlo. Y esta última permite ofrecer otros servicios de telecomunicaciones mediante ese espectro, además de TV.
Lo interesante es que no se exige que ambas concesiones estén en manos de un mismo titular. Habrá titulares que tengan ambas, pero también titulares que tengan una y no la otra. Así, por ejemplo, un grupo de jóvenes con talento para producir programas, pero sin plata para montar la infraestructura necesaria para transmitirlos, podrán obtener una concesión para poner esos programas en el aire, y luego contratar la infraestructura y el espectro radioeléctrico de un tercero con una concesión para transportar programas ajenos.
Esto está a la base de la revolución que promete la TV digital. Permitirá complejizar el mercado televisivo, multiplicando las vías de transmisión. Para hacer TV no será necesario, como hoy, tener un canal propio, o conseguir que un canal ponga en su parrilla programas hechos por productoras independientes. Esto, pues en el mundo digital habrá redes de transmisión cuyo principal objeto será transportar programas de terceros. Esta sí que es una infraestructura para el pluralismo televisivo.
Además, los actuales canales podrán transmitir los programas que produzcan y, también, podrán arrendar parte de su red a programas de terceros, además de ofrecer otros servicios de telecomunicaciones como, por ejemplo, datos. Esto les permitirá ir más allá del modelo tradicional del negocio televisivo, que es la venta de audiencia a los avisadores, y liberarse en parte de los rigores del rating , pues podrán generar ingresos adicionales por estas otras vías.
Pero ninguna de estas esperanzas puede materializarse porque el proyecto de ley no avanza. Y no avanza porque contiene, además de las precisas cuestiones técnicas vinculadas con las concesiones, un difuso conjunto de otras materias que tienen que ver con la arquitectura y poderes del Consejo Nacional de TV. Es decir, con la regulación del contenido televisivo. Y esto, claro, abre una interminable deliberación que lastra todo el proyecto.
Mientras tanto, los permisos provisorios son necesarios porque los canales y la audiencia necesitan ensayar la nueva tecnología. Pero con estos permisos sólo tendremos la misma TV de hoy, digitalizada. Ninguna de las innovaciones mencionadas puede introducirse porque necesitan ley. Además, el escenario que configuran los permisos provisorios tiene la incertidumbre y precariedad propia de dichos permisos, desincentivando la entrada de nuevos actores a la industria porque no ven reglas claras y estables.
Un mal escenario. Un proyecto de ley que se demora y demora, y un conjunto de permisos provisorios que se prolongan tanto como esa demora. Esto nos encamina a una TV digital que es un pálido reflejo de lo que podría ser.
La alternativa es clara. Que los colegisladores se apuren y saquen de una todo el proyecto. O que el proyecto se divida en dos: una ley «corta», de rápido despacho, para el nuevo mecanismo de concesiones, y otra «larga» para discutir con más tiempo las demás materias.
Lo último parece lo más sensato y realista. Dividir para reinar. Para reinar sobre la posibilidad de que la historia se repita.
