Resulta incomprensible que gran parte de quienes pertenecen a la oposición hayan optado por una estrategia obstruccionista, que le da la espalda a la ciudadanía, pero, además, no permite aunar fuerzas.
Después del fracaso político de la Nueva Mayoría es entendible la desintegración del bloque, más aún cuando hay un nuevo actor que tensa desde la izquierda la alianza PS-DC. También es comprensible que la rearticulación de las fuerzas de centroizquierda en torno a un proyecto político tome su tiempo. No debemos olvidar que el proyecto de la Nueva Mayoría fracasó no solo por una gestión ineficiente, sino principalmente por un mal diagnóstico. En este escenario, la discusión legislativa puede servir estratégicamente de herramienta política a la oposición para organizarse en torno a ideas y así mostrar alternativas a las propuestas del gobierno en los temas que afectan a la ciudadanía. Por esta razón resulta incomprensible que gran parte de quienes pertenecen a la oposición hayan optado por una estrategia obstruccionista, que le da la espalda a la ciudadanía, pero, además, no permite aunar fuerzas, levantar causas y mostrar diferencias concretas con las propuestas del gobierno. Esta actitud es la que hemos observado en el PS, PPD, PR y en algunas fracciones de la DC.
Tal vez el ejemplo más claro es lo que está sucediendo en la Comisión de Educación. Este martes se vota la idea de legislar sobre el proyecto que asegura acceso universal a la educación parvularia a partir de los dos años y, al parecer, la oposición votará en contra. Los argumentos en contra son principalmente dos. El primero es que la subvención por niño que crea este proyecto no debiera pagarse en función de la asistencia. Es verdad que el actual mecanismo de pago por asistencia es susceptible de mejoras, especialmente en edades tempranas, donde los niños tienden a enfermarse más seguido. Pero este no es un argumento para rechazar la idea de legislar, sino para votar a favor y abrir un debate sobre este punto. Más incomprensible resulta este argumento, toda vez que los jardines privados y municipales que financia la Junji vía transferencia de fondos reciben una subvención que se paga por asistencia y que en el gobierno anterior nunca se modificó (no se requería ley, solo decreto). El segundo argumento en contra es que este proyecto beneficiaría a los colegios por sobre los jardines infantiles, dado que para recibir la subvención se debe contar con el Reconocimiento Oficial del Estado. Pero este argumento se construye sobre la ignorancia, pues la propia Ley General de Educación, fruto del gobierno de Bachelet I, establece que en 2019 los jardines infantiles que reciban recursos del Estado deben estar reconocidos por el Estado. Es verdad que todavía muchos jardines infantiles, tanto de la Junji como de Fundación Integra y privados financiados vía transferencias de fondos no cuentan con el Reconocimiento Oficial, pero este proyecto abre la posibilidad de generar una discusión en torno a este asunto y establecer una transición para que los jardines logren cumplir con los estándares que exige el Reconocimiento Oficial y así mejorar las condiciones en que nuestros niños más pequeños están siendo atendidos.
La pregunta clave para aprobar o rechazar la idea de legislar debiera ser: ¿Mejora este proyecto las condiciones educativas de los niños de dos y tres años? La respuesta es rotunda: sí. No solo asegura acceso universal a todos los niños en una edad crítica para su desarrollo posterior, sino que, además, mejora las condiciones de los jardines vía transferencia de fondos, lo que debiera repercutir en una mejora en calidad. ¿Es este proyecto susceptible de mejoras? Por supuesto, pero ellas solo podrán tener lugar si se aprueba la idea de legislar. Algo similar ocurre con el proyecto que restablece los Liceos de Excelencia y el que mejora las condiciones del CAE. Es evidente la necesidad de legislar sobre estas materias, negarse a ello denota ausencia o, peor aún, mera frivolidad.
